En medio de los nuevos tarifazos de la electricidad, el gas y agua, el grabado de autopartes también aumentó un 30%. El trámite obligatorio para poder circular en la ciudad y la ruta, pasó de $940 a $1200 y sumado a la VTV, supera los $2000.
Se trata de la nueva reglamentación implementada por la gobernadora María Eugenia Vidal que consiste en imprimir el número de dominio en puertas, capot y baúl. Es indispensable para aprobar la VTV.
El sistema, que a simple vista promueve sacar de circulación el robo de autopartes, tiene cautivos a más 5 millones de bonaerenses y representa un jugoso negocio que quedó en un puñado de empresas privadas.
Para tener una dimensión de lo que representa, sólo dos firmas que manejan parte de la VTV en 2017 registraron un ingreso de aproximadamente US$ 10 millones de euros basados en la tasa de cambio de fin de año de 2017 (US$ 11,6 millones).
En este sentido, desde que se vencieron las concesiones a finales de 2015 en la Legislatura la oposición viene reclamando cambios para lo que consideran un sistema “monopólico, exclusivo y excluyente”.
Si bien para el grabado de autopartes no hay iniciativas formales para reducir los elevados costos que pagan los ciudadanos, fueron presentados dos proyectos de ley para modificar el marco regulatorio de la VTV.
El diputado de Saladillo Ricardo Lissalde promovió a comienzos del año pasado una iniciativa para abrir el mercado y facilitar el ingreso de nuevos actores privados para lograr una mayor inmediatez y bajar el precio.
El otro antecedente fue impulsado en 2015 por el diputado kirchnerista Walter Abarca y aprobado en la Cámara baja a finales del año pasado. El texto insta al Ejecutivo provincial a que “analice la posibilidad de prestar de manera directa el servicio”.
Mientras ambas normas duermen en la Legislatura bonaerense, el Gobierno volvió a prorrogar el pasado lunes 25 de febrero los contratos de concesión para que la Verificación Técnica Vehicular rija por un año más.
