Desde hace seis meses la denuncia que efectuó la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) contra María Eugenia Vidal por el presunto desvío de $5.500 millones naufraga de juzgado en juzgado.
Primero fue el juez federal de La Plata Ernestro Kreplak quien se declaró incompetente para investigar los supuestos delitos de malversación de fondos, una actitud similar a la que tomó en la causa de los aportantes truchos.
En tanto, después de que el expediente ingresara a la Justicia provincial, fue la UFI 3 de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Martini, quien avanzó en el mismo sentido que Krepak.
La denuncia, presentada por el secretario general de la comisión interna del Bapro seccional Buenos Aires Santiago Etchemendi el 6 de noviembre, pide que se investigue a Vidal por los delitos de malversación de fondos y abuso de autoridad.
El hecho que motivó la presentación judicial surge de un acta que firmó la mandataria bonaerense con el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso.
En ese acuerdo, el Estado nacional se comprometió a enviar la suma de $5500 millones, para financiar el déficit previsional de la caja jubilatoria de 2015 y 2016, lo que efectivamente se concretó.
El 24 de junio de 2016 dicha acta se hizo efectiva a través del decreto 791 publicado en el Boletín Oficial de la provincia pero “llamativamente a los pocos días esa información dejó de ser visible y para poder acceder se debía llenar un formulario especial”.
Según consta en el acta, ese “dinero líquido se derivó de la cuenta 963/2, a la cuenta 2000-001-52410/8, que podría registrar un sin número de movimientos que deberían ser investigados”.
“Es muy grave la situación. Estamos hablando de muchísima plata, de fondos públicos que surgen del aporte de los trabajadores y que no se saben dónde están“, disparó Etchemendi en diálogo con Diputados Bonaerenses.
En concreto, la sospecha de los trabajadores del Bapro es que ese dinero se haya utilizado “discrecionalmente para otro fin, emitiendo una deuda a favor de la Caja de Jubilaciones” de la banca pública bonaerense.
Para concretar la maniobra la Gobernadora habría cambiado esos fondos por “una letra del tesoro de la Provincia de Buenos Aires, sospechosamente por una suma mayor” de $7 mil millones.
“Desde que presentamos la denuncia penal contra Vidal por el desvío de 5.500 millones que venían de ANSES les quema las manos a los jueces la causa”, cuestionó Etchemendi a este portal.
