viernes 23 de agosto de 2019 - Edición Nº654
Diputados Bonaerenses » Legislatura » 2 may 2019

Legislatura bonaerense

Comienzan a aplicar la Ley Micaela pero un senador acusado de abuso todavía no renunció

La Cámara alta convive con una doble moral poco clara sobre y con mucho hermetismo. El pedido de licencia y desafuero de Manuel Mosca reavivan temores.


La Cámara de Senadores de la provincia, que preside el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, convive con una doble moral difícil de explicar respecto a los casos de violencia de género.

Mientras comienza a aplicar con capacitaciones la Ley Micaela, que obliga a hacer cursos a los integrantes de los tres poderes del Estado, hay un senador acusado de abuso que prometió renunciar pero que todavía mantiene el cargo.

En este sentido, los legisladores mantienen un estricto y hermético “scrum” sobre el tema. Desde la bancada del Jorge “Loco” Romero alegan falta de definiciones y en Cambiemos también evaden el tema.

La denuncia contra el referente provincial de La Cámpora estalló en diciembre de 2018 y receso legislativo mediante, se esperaban posibles definiciones para la primera sesión ordinaria del año en Senadores.

"Soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas. Es por eso que he decidido dar un paso al costado en mis responsabilidades políticas”, se descargó Romero en ese entonces.

De hecho, había sobrevolado la promesa de que cuando la denunciante Estefanía Calo ratificara su acusación se iba a tomar una decisión. Eso sucedió en febrero, pero a dos meses del reinicio parlamentario se sigue estirando la definición.

Al igual que en el Congreso, el caso de la actriz Thelma Fardín, sacudió a la Legislatura. En las últimas horas, el pedido de licencia y desafuero del titular de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, volvió a encender las alarmas.

En este caso, la espada de María Eugenia Vidal denunció ante la UFI 11 de Álvaro Garganta una maniobra de “extorsión” detrás del tema. En el medio, trascendió que la denuncia contó con el aval de funcionarios amarillos de Nación.   

Sobre ambos episodios que pusieron en alerta a los legisladores, y despertaron temores sobre la utilización política, se mantiene un fuerte hermetismo que deja muchas dudas sobre las respuestas institucionales.

Ahora ambas Cámaras deberán resolver protocolos de acción ante denuncias de esta gravedad con el objetivo de colaborar con el rápido esclarecimiento de los casos. Es algo que, parece, todavía los legisladores no tienen en agenda.

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