La jueza de garantías platense Marcela Garmendia avanza en la investigación de una causa que involucra a funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia (DGCyE), a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, y que tiene varios condimentos dignos de una serie policial.
Una estafa millonaria vinculada al uso de al menos 15 tarjetas Bapro Copres, utilizadas para la carga de combustible para vehículos oficiales, un misterioso suicidio en una estación de servicio de La Plata, y seis empleados suspendidos, configuran parte de la trama que intenta esclarecer la Justicia platense.
Este jueves, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta le solicitó a la cartera de Sánchez Zinny y al Banco Provincia una serie de informes claves para avanzar en la pesquisa, mandó a allanar la casa del principal detenido y la sede de Automotores de Educación.
“Se trata de una orden de presentación por la cual se le requiere al organismo que en 24 horas remita a la fiscalía que lleva adelante la investigación, determinada información vinculada con el manejo de los fondos“, explicaron desde tribunales sobre los pedidos de informes a Educación.
La causa tuvo como detonante un operativo vehicular en ruta 36 y 44 que días atrás terminó con la detención de un trabajador de una estación de servicio de La Plata, Walter Cejas, que circulaba en una camioneta de alta gama, con dinero en efectivo y 15 tarjetas de débito de la DGCyE.
Horas más tarde otro playero apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de la Axión de 44 y 31. Según indicaron los voceros judiciales este episodio se trataría de un suicidio que sospechan estaría vinculado a la detención de Cejas.
Ante la policía el trabajador, que quedó detenido por “malversación de caudales públicos”, si bien no se refirió al suicidio, aseguro que las tarjetas “se las dieron” y que hacía eso para “los de arriba”. De todas maneras el testimonio no tiene validez legal porque finalmente se negó a declarar ante el fiscal.
En tanto, los funcionarios de la DGCyE acusados son Néstor Osvaldo Casado, director de Servicios Generales, que se encuentra suspendido por 60 días en el cargo, y Horacio Mankowsky, subdirector de Transporte Terrestre, también cesanteado temporalmente.
Según trascendió Condomí Alcorta ya tiene en sus manos informes que indican que cada tarjeta de combustibles tendría un cupo de $25.000 mensuales. Además, se estima que la maniobra delictiva se remonta a varios años atrás. Por estos motivos, se cree que se trata de una estafa millonaria.
En este sentido, hay que destacar que las autoridades de Educación bonaerense a mediados del año pasado ya habían detectado irregularidades con las tarjetas de combustible y suspendido preventivamente a cuatro choferes. Flota en el aire la pregunta de por qué esos hechos no motivaron una denuncia penal.
