En una reunión convocada por el diputado Miguel Funes, presidente de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara baja, coincidieron referentes de la salud y la Justicia de la provincia en avanzar en la creación de un organismo de revisión para la ley de Salud Mental.
Durante el debate, llegaron a la conclusión de que dicho organismo debe velar por la garantía de los derechos humanos de los bonaerenses que están bajo tratamientos, supervisar el sistema y estar presentes en las instituciones donde se alojan.
“Necesitamos una ley para que el Órgano de Revisión Local de Salud Mental tenga estabilidad legal y exprese la voluntad de todos los actores que son parte de la problemática. Mejorar la vida de los usuarios es una deuda pendiente”, señaló el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Uno de los objetivos del conversatorio era evaluar las experiencias provinciales y los estándares en cuanto al funcionamiento de estos órganos. En este sentido, estuvieron presentes la defensora general del Chaco, Alicia Alcalá y la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional, María Graciela Iglesias.
“Vine a acompañar un proceso que viene llevando la provincia hace muchos años y que tiene que legitimar con una ley específica que garantice la actuación del órgano de revisión local en función de velar por las personas que se encuentran bajo el sistema de salud mental”, remarcó Iglesias.
