Finalmente la Cámara de Mar del Plata con la firma de los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel apartó al titular del juzgado de Dolores Alejo Ramos Padilla en una causa que está conectada con el escándalo de la red de espionaje ilegal.
El expediente recoge una denuncia del ministro de Justicia Germán Garavano contra el ex juez Carlos Rosanzki, quien a su vez lo había querellado por supuestas presiones para que renunciara a su cargo en 2016. Los magistrados entendieron que no hay posibilidades de “imparcialidad”.
El análisis va en línea con el argumento de Garavano, que sostuvo que fue el Ministerio de Justicia quien presentó un pedido de juicio político contra el juez de Dolores, anterior a la denuncia contra Rozanski, por lo que Ramos Padilla no podría ser imparcial.
El inicio de la causa fue una denuncia que hizo Rozanski contra Garavano después de que una ex abogada de Leonardo Fariña relatara en la causa de Dolores que su declaración como arrepentido en un expediente de Comodoro Py había sido guionada para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces Rozanski, que había intervenido en una causa por delitos tributarios contra Fariña en La Plata, denunció un apriete del ministro de Justicia para que renunciara a su cargo de juez en octubre de 2016, que era supuestamente una de las promesas que le hacían a Fariña a cambio de su relato en tribunales.
La respuesta de Garavano, que esta semana se ocupó personalmente del tema con un viaje a Mar del Plata, fue denunciar al ex juez ante el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi y sostuvo que Ramos Padilla no debía intervenir, precisamente porque él había promovido su destitución.
El pedido de juicio político contra el titular del juzgado de Dolores en un comienzo estuvo basado en cuestionamientos a su exposición en el Congreso acerca de la causa que investiga la red de espionaje que presuntamente lideraría el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Luego el pedido fue ampliado en base a las escuchas telefónicas tomadas a ex funcionarios que están detenidos en el penal de Ezeiza, con el argumento de que armaron un complot contra la causa de las fotocopias de los cuadernos. Los medios de comunicación oficialistas la titularon la operación “Puf Puf”.
Sin embargo, la manifiesta preocupación del Gobierno es que el expediente dejó al descubierto un modus operandi de armado de causas, aprietes, extorsiones y espionaje, donde aparece la participación de un amplio abanico de sectores que lo comprometen.
Desde las dirigentes y legisladoras Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, hasta fiscales, jueces, financistas, personajes laterales y funcionarios nacionales, entre otras dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En paralelo, siguen el intento para que Ramos Padilla sea declarado incompetente.
