sábado 07 de diciembre de 2019 - Edición Nº760
Diputados Bonaerenses » Provincia » 2 sep 2019

Derechos Humanos

Tras las rejas: denuncian al Servicio Penitenciario por negarle asistencia a mujer trans

La Corte Suprema ordenó a los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia de Gustavo Ferrari que no obstaculicen la investigación de los responsables por posibles torturas.


La Corte Suprema Bonaerense ordenó al Procurador General y a los funcionarios judiciales que garanticen la atención médica de Mónica Mego y tomen las medidas necesarias para que se investiguen las condiciones que la dejaron parapléjica en la cárcel.

Con la firma de máximo tribunal a cargo de Eduardo De Lázzari, se exige al encargado del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) y a las autoridades del Ministerio a cargo de Gustavo Ferrari que dejen de obstaculizar la labor del Defensor de Casación Penal, Mario Coriolano.

Que todas las autoridades intervinientes en el caso se abstengan de llevar a cabo acciones que pudieran implicar un obstáculo a [o un amedrentamiento de] la labor de toda persona que actúa en el presente caso en el rol de defensora de los derechos humanos”, instó la resolución judicial.

En este sentido, el texto se apega a las denuncias realizadas por la Comisión Provincial de la Memoria, elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el deterioro de salud que venía sufriendo Mego en la cárcel resultado de la detención

Asimismo, el Defensor integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, creado por la ley nacional 26.827, fue denunciado penalmente por el jefe del SPB, Xavier Areses, en busca de apartarlo de la investigación, por entrevistarse sin permisos previos con la víctima.

La denuncia realizada por el Jefe del SPB constituye avasallamientos a las facultades de monitoreo establecidas para el Sistema nacional de prevención de la tortura, tal como está garantizado por el protocolo facultativo de Naciones Unidas”, comunicaron desde la CPM.

Cabe recordar que Mónica Mego reclamó asistencia médica durante seis meses sin ser escuchada a pesar de una huelga de hambre que realizaron otras detenidas en solidaridad. Finalmente, fue trasladada al hospital San Martín de La Plata.

Por último, los médicos dijeron que el estado irreversible de su salud podría haberse evitado si se trataba a tiempo. La CPM presentó dos habeas corpus y una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poco tiempo después de la intervención quirúrgica.

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