sábado, abril 20, 2024

Electrodependientes denuncian trabas por parte de las compañías y advierten que la ley es “inaccesible para muchos”

Para conseguir los grupos electrógenos deben presentar un certificado que ronda los cuatro mil pesos. Además, las empresas distribuidoras de energía no tienen cuadrillas de emergencias y las líneas telefónicas no funcionan.

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La larga lucha de los electrodependientes que habitan suelo bonaerense para que el Estado y las compañías distribuidoras de energía le garanticen el suministro eléctrico que necesitan para vivir parece no tener fin. A los siete meses que tuvieron que esperar para que la Provincia adhiera a la ley nacional, ahora se le suma los reiterados incumplimientos y trabas que presentan las empresas.

En rigor, por estas horas el único punto con el que cumplen las compañías es la gratuidad del servicio. Si no fuera por ello, el cuadro de situación de los electrodependientes sería exactamente el mismo que padecían antes de que la Legislatura Bonaerense sancionara la ley.   

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“No difunden los requisitos, las líneas están colapsadas, no hay cuadrillas de emergencia, todavía no accedimos a los grupos electrógenos y los cortes continúan”, enumeró con tristeza Mauro Stefanizzi, secretario de la Asociación Argentina de Electrodependientes.

Es que, ante los reiterados cortes de energía las familias siguen sin tener herramientas para hacerle frente al problema. No hay grupos electrógenos, ni cuadrillas y las líneas telefónicas de emergencia no dan respuesta.

“Es un combo fatal, no tenemos ni la fuente de energía alternativa, ni cuadrillas para solucionar los cortes”, detalló Stefanizzi y agregó: “Es una situación realmente angustiante. Hemos tenido casos de familias que están tres días sin luz”.

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El principal obstáculo que traza la reglamentación efectuada por el ENRE, es que para acceder a los grupos electrógenos los usuarios necesitan presentar un certificado emitido por un electricista matriculado. Esta “declaración de conformidad de las instalaciones” ronda los cuatro mil pesos.

“Esto vuelve la ley inaccesible para muchos. Una resolución no puede restringir el acceso a este derecho”, reclamó Stefanizzi.

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