sábado 19 de octubre de 2019 - Edición Nº711
Diputados Bonaerenses » Provincia » 4 oct 2019

Legislatura bonaerense

Blindaje con vencimiento: cuáles son las dos causas que podrían complicar a Vidal si pierde

Aseguran que ante la cada vez más cercana posibilidad de la derrota electoral, la Gobernadora busca armar “una red de protección judicial”. Los detalles y los expedientes.


El clima de retirada ya se siente en la mayoría de los despachos oficialistas. “Ya nos estamos poniendo en modo oposición”, se sinceró con Diputados Bonaerenses un legislador provincial del interior que tiene oficina en La Plata.

En este sentido, desde la oposición vienen denunciando, desde que el bloque de Senadores de Cambiemos decidió ingresar 43 pliegos de funcionarios judiciales hace unas semanas, que María Eugenia Vidal busca armar “una red de protección judicial”.

“Lejos de promover la independencia del Poder Judicial durante estos cuatro años de gobierno, Cambiemos lo utilizó para armar causas y perseguir opositores”, fustigó la diputada de Ensenada Susana González.

De todos los cargos apuntan con énfasis a las dos vacantes que la Gobernadora buscan cubrir en el Tribunal de Casación bonaerense, la instancia máxima en asuntos penales.

Como relató este medio, Vidal empuja a Francisco Pont Vergés, de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público y ladero del Procurador Julio Conte Grand, y a Ana Julia Biasotti, defensora ante el Tribunal de Casación.

De acuerdo a las críticas de la oposición, el apuro repentino a menos de tres meses de abandonar la Gobernación se debe a dos causas claves que podrían complicar a Vidal si pierde en octubre.

“Desea tapar la causa de los aportantes truchos y la suma de dinero que debía entrar al Banco Provincia y nunca ingresó y cada una de las irregularidades que cometió durante su gobierno”, precisó González.

El primer expediente, que aborda los irregulares aportes a la campaña legislativa bonaerense de 2017 de Cambiemos que provocaron la renuncia de la Tesorera María Fernanda Inza, fue remitido del fuero penal al electoral.

De esa manera, la ruidosa causa quedó a cargo del juez federal interino con competencia electoral Adolfo Gabini Ziulu, de cercanía con el oficialismo. Uno de los problemas que enfrenta Vidal es que esa vacante todavía no fue cubierta.

Si bien la terna para cubrir ese cargo estaba liderada por, nada más ni nada menos que, por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, Mauricio Macri pidió acuerdo al Senado de la Nación para designar a Jorge Di Lorenzo, hecho que todavía no ocurrió.

La causa iniciada por la senadora provincial María Teresa García pone de manifiesto el presunto uso de la identidad de al menos 467 titulares de planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja para descargar aportes de campaña.

En caso de que Ramos Padilla quedara a cargo de la causa de aportantes truchos, de acuerdo a la nueva Ley Nacional de Financiamiento de los Partidos Políticos, podría remitirla a la Justicia Penal.

Por su parte, el otro expediente que podría complicar a Vidal después de diciembre investiga el posible desvío de 5.500 millones de pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Según la denuncia, iniciada por el secretario general de la comisión interna del Bapro seccional Buenos Aires Santiago Etchemendi, los fondos que el Estado Nacional transfirió a la Provincia se derivaron a una cuenta que registra un sin número de movimientos

En concreto, la sospecha de los trabajadores del Bapro es que ese dinero se haya utilizado “discrecionalmente para otro fin, emitiendo una deuda a favor de la Caja de Jubilaciones” de la banca pública bonaerense.

En ese sentido, para concretar la maniobra la Gobernadora habría cambiado esos fondos por “una letra del tesoro de la Provincia de Buenos Aires, sospechosamente por una suma mayor” de $7 mil millones.

“La causa está totalmente congelada pasó por muchos juzgados y nadie quería agarrarla. Vidal está intentando que quede una justicia adicta para que no avance”, dijo Etchemendi a Diputados Bonaerenses.

Hasta el momento el expediente no experimentó ningún avance y fue rechazado por cuatro juzgados: pasó por el Juzgado Penal Federal de Ernesto Kreplak, por la UFI N°3 de Marcelo Martini, por la Fiscalía General de La Plata y por la UFI N°16 de Juan Cruz Condomí Alcorta. Todos declinaron la competencia.

Finalmente, hace tres meses la causa recayó en la UFI N°5, a cargo de Juan Menucci. “En este tiempo ni siquiera me llamaron a ratificar o ampliar la información, sin duda otra vez está frenada y es un caso muy grave. Seguramente amenazan con carpetas a todos los jueces”, sostuvo Etchemendi.

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