El municipio de Pilar habilitó una termoeléctrica en una zona residencial a pesar de estar prohibido y los vecinos y organizaciones ambientalistas advierten sobre las consecuencias en la salud y el ambiente.
En rigor, la resolución permite el funcionamiento de la Termoeléctrica “Matheu II”, perteneciente a la firma APR ENERGY SRL, que mantiene un conflicto con la Justicia desde el 2017 por encontrarse emplazada en “un espacio ilegal”.
En este sentido, el texto municipal establece que “puede procederse al levantamiento total de la clausura”. También considera que la activación de las 10 turbinas con las que cuenta la planta “no generan daño alguno”.
Además, no se establecen restricciones horarias al “descartar la posibilidad de que puedan verse comprometidos los valores de seguridad, salubridad, higiene y medioambiente, establecidos a nivel local”.
En tanto, desde los vecinos agrupados afirmaron que “ya no nos sorprende nada del intendente Nicolás Ducoté”. “No es leal, porque hace tres meses se reunió con nosotros y dijo estar preocupado por la situación”, agregaron.
Ante esta situación, los vecinos se presentaron junto a la Defensoría del Pueblo bonaerense para hacer un pedido de información pública respecto de esta polémica decisión, a pocos días de las elecciones municipales.
De esta manera, el titular de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, Raúl Regis, advirtió que seguirán tomando medidas por los ruidos molestos, la emanación de gases tóxicos, y el uso intensivo del agua de pozo, entre otros aspectos ambientales.
“El acceso a la información ambiental resulta un elemento básico para la toma de decisiones y el Estado tiene la obligación y necesidad de preservarlo y conservarlo para garantizar una vida digna”, aseguraron.
El Defensor del Pueblo,@GLorenzino, pidió informes a la Autoridad del Agua y al OPDS por las instalaciones de dos termoeléctricas en el distrito de Pilar. pic.twitter.com/hj395RlKcJ
— Defensoría Provincia de Buenos Aires (@defensoriaPBA) 15 de noviembre de 2017
Por otro lado, desde la Defensoría se elevó un pedido de informes en el que exigen al Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable y la Autoridad del Agua intervenga y divulgue la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
“Necesitamos que nos informen si las firmas implicadas poseen permiso para la explotación del Recurso Hídrico Subterráneo y si el predio donde se instalaron las plantas ha sido inspeccionado”, expuso el defensor, Guido Lorenzino .
Por último, agregó que “las instalaciones en un centro poblado son ilegales, este tipo de fabricas deben permanecer en parques industriales”. “Todavía no sabemos los impactos negativos que producirá en el ambiente”, concluyó.
