martes 12 de noviembre de 2019 - Edición Nº735
Diputados Bonaerenses » Provincia » 30 oct 2019

En medio de la transición

La pesada herencia: la Provincia autorizó un nuevo aumento del 25% en la luz

El incremento de las tarifas alcanza a las distribuidoras que controla Rogelio Pagano, uno de los empresarios más beneficiados por su gestión.


Al día siguiente de la holgada derrota electoral, María Eugenia Vidal autorizó un aumento del 25% en la tarifa de luz y de ese modo, vuelve a beneficiar Rogelio Pagano, que controla EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y las 200 cooperativas que operan en el interior de la provincia.

Lo hizo a través de una resolución 1713 de 2019, firmada por el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año, cuando Axel Kicillof lleve 20 días de mandato.

Durante los últimos años, fue moneda corriente los beneficios que recibió el financista que controla las cuatro empresas distribuidoras de energía eléctrica más importantes de la región, por parte del Ejecutivo provincial.

En ese sentido, en violación a las normas existentes de regulación de las empresas de prestación del servicio eléctrico, Pagano ha constituido bajo la complicidad de Vidal un monopolio privado de la luz en territorio bonaerense.

Las empresas de Pagano, prestan sus servicios a más de 5,1 millones de habitantes  y debido a los tarifazos, duplicó en un año sus ganancias, pasando de 2796 millones de pesos en 2017 a 5947 millones durante 2018.

Desde la asunción de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en 2015, se estima que las tarifas aumentaron cerca del 3.000% , lo que significó ganancias millonarias para los empresarios del sector que no se materializaron en mejoras del servicio.

Un claro ejemplo es el apagón masivo que registró gran parte de la ciudad de La Plata y que dejó varios días sin luz a la capital bonaerense y que motivó que el Frente de Izquierda presente un proyecto de ley para sacarle la concesión a EDELAP.

“Estamos frente a una emergencia eléctrica. Los servicios básicos son un derecho que el estado debe garantizar y no pueden estar en manos de empresas privadas, que obtienen ganancias millonarias y brindan un servicio deplorable”, dijo Mercedes Trimarchi, autora del proyecto.

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