Un proyecto de ley ingresado al Senado de la provincia de Buenos Aires busca endurecer los controles a las personas jurídicas que se dediquen a la venta directa por medio de revendedores independientes.
El articulado obliga a las empresas de venta por catálogo que operen en territorio bonaerense a disponer de una oficina física destinada a recibir quejas y consultas de consumidores y revendedores.
En esa dirección, el texto también estipula la creación de un Registro de Empresas de Venta Directa en que se deberán anotar las firmas, con un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la ley.
También la norma plantea multas equivalentes al valor de cinco a treinta haberes mensuales del agente de seguridad -agrupamiento comando- de la Policía Bonaerense.
“El objetivo de la iniciativa es regular la venta directa o por catálogo, estableciendo derechos para los revendedores y protegerlos así de potenciales estafas y abusos”, rezan los considerandos del proyecto.