En la Cámara de Diputados de la provincia se preguntan si el dicho popular que asegura que “la tercera es la vencida” se aplicará también sobre los proyectos, que en muchos casos, terminan durmiendo entre cajones de los robustos muebles que visten las oficinas que dan a calle 53.
Es que, una vez más los legisladores bonaerenses insisten con la idea de discutir la modalidad con la que se concede el servicio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a unas pocas empresas encargadas de revisar anualmente los automóviles de los bonaerenses.
En rigor, el encargado de renovar la esperanza es el diputado marplatense Guillermo Castelo, quién presentó una ley para que el Estado no intervenga sobre la VTV y permitir que otras firmas puedan brindar el servicio.
“El servicio de revisión técnica podrá ser prestado libremente por toda persona humana o jurídica que cumpla con los requisitos impuestos por la Autoridad de Aplicación”, expresa el articulado ingresado en la Legislatura.
De esta manera, el texto pide eliminar el acta de acuerdo de la ley 12152 entre el ministro de obras y servicios Públicos de Eduardo Duhalde, Antonio Romero, y las 10 empresas concesionarias desde 1998, hace 21 años.
Es por eso, que a partir de esta propuesta se intenta apartar las limitaciones del Estado con respecto a quienes puedan realizar los controles. Sólo deberán contar con las instalaciones, recursos y elementos necesarios para llevarlo adelante.
“Nuestro proyecto propone cambiar el paradigma actual, paraestatal, cerrado, cuasimonopólico y con fuerte impronta administrativa, a uno privado, abierto y en libre competencia”, enfatizó Guillermo Castello.
Además, el diputado saliente manifestó que la modalidad actual lleva a que “la mayoría de los bonaerenses carezcan de opciones suficientes para cumplir con la obligación de la verificación”.
Según el legislador, esto hace que “se pierdan horas de vida, que muchos deban desplazarse a otros distritos para cumplir con la norma y todo eso acompañado de aranceles predeterminados y bajo el riesgo de multa y retención de licencia”.
Asimismo, el aumento de la competencia al incrementar los prestadores de servicios obligaría a las empresas a mejorar el servicio, abaratar los precios, optimizar y tiempos y “facilitar a los bonaerenses el cumplimiento de la ley”.
Cabe destacar, que en julio del año pasado, el diputado del massismo Ricardo Lissalde había ingresado un proyecto similar que fue dormido en comisión por los representantes del oficialismo.
“Las concesiones del modelo Duhaldista de hace 20 años, cumplieron una etapa. Eso fue repartirse el parque automotor entre varios amigos para mantener a los ciudadanos cautivos, sin pensar en el usuario”, había detallado Lissalde a este portal.
En tanto, el texto se retuvo en la Comisión de Servicios Públicos, que presidía César Torres, y en la de Transporte, en manos de otro legislador de Cambiemos, el necochense Martín Domínguez Yelpo.
Para cerrar la cuenta, el otro antecedente legislativo es el del kirchnerista Walter Abarca, presentado en 2015. El texto instaba al Ejecutivo provincial a que “analice la posibilidad de prestar de manera directa el servicio”.
En sus fundamentos, remarcaba que “falta planificación y avance en la mejora del servicio, tampoco se realizan inversiones en instalación de nuevas plantas que se traduzcan en reducción de distancia, tiempo y costos”.
