Luego de la postergación por segunda vez consecutiva de la audiencia del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires a Fabián Fernández Garello, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) apuntó contra los legisladores que “cubren” al fiscal.
“Una vez más los legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador protegieron al fiscal procesado por crímenes de lesa humanidad, quien también es sostenido por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand”, apuntó la CPM.
En ese sentido, tras la falta de quórum para tratar el inicio del juicio político al magistrado, el organismo de Derechos Humanos exigió que “sin demoras ni dilaciones, Fernández Garello sea suspendido inmediatamente y apartado de su cargo”.
En síntesis, la Justicia procesó en abril al funcionario por estar acusado de ser partícipe de los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista.
Estos delitos de Lesa Humanidad se produjeron en 1981, mientras el acusado se desempeñaba como agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense (Dippba).
Asimismo, la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento en primera instancia de Fernández Garello y rechazó los pedidos de nulidad y apelaciones de la defensa, lo cual lo deja a un paso del juicio oral y público.
Entre las pruebas aportadas, los jueces destacaron el valor del testimonio de los sobrevivientes y la coincidencia entre sus declaraciones. Además, remarcaron las pruebas incontrastables del archivo de la DIPPBA aportadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuando impulsó la causa penal.
“Esta no es la primera muestra de protección política que recibe Fernández Garello porque en septiembre pasado, en el primer llamado a audiencia para tratar el jury tampoco contó con quórum por la ausencia de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador”, explicó la CPM.
En este marco, el organismo provincial advirtió que “no hay más margen de maniobra ni lugar para nuevas estrategias dilatorias que sigan garantizando la impunidad del fiscal”.
