sábado, abril 20, 2024

Diputados piden cambiar un cargo de la Defensoría del Pueblo para limitar los abusos fiscales

Es una iniciativa de Guillermo Castello, quien afirmó que “tener impuestos que financien un Estado hipertrofiado es populismo”.

En sus últimos días como diputado provincial, el marplatense Guillermo Castello presentó un proyecto de ley para modificar la figura del Defensor adjunto y tranformarlo en defensor del Contribuyente para que se encargue específicamente de proteger a los vecinos del Fisco. 

“Este proyecto tiene que ver con los problemas de quienes pagan los impuestos y muchas veces se atrasan y tiene problemas con el Fisco. Debemos aprovechar la misma estructura que hay en la Defensoría para que alguien se encargue de esto pero sin crear burocracia”, dijo Castello en diálogo con Diputados Bonaerenses.

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De esta manera, el legislador que en plena movida electoral pegó el portazo en Cambiemos luego de que Vidal le bajara el pulgar para ser candidato a Intendente, marcó la necesidad de reemplazar un cargo y agregarlo a los del Defensor titular, Adjunto general y los de Derechos Humanos y Consumidores.

“El Gobierno provincial se ha agrandado en los últimos 30 años por la presión impositiva que es cada vez más alta, la necesidad de financiar un Estado cada vez más hipertrofiado hace que los impuestos sigan en alza”, subrayó Castello.

Por su parte, el titular de la Defensoría Guido Lorenzino señaló a este medio que ya se han presentado otras propuestas en el mismo sentido pero que no han prosperado. “Entendemos que va a dar mayor calidad a los derechos”, señaló.

Sim embargo, Lorenzino aclaró que “ya hay un área que se dedica al tema impositivo y tributario, trabajamos con ARBA y AFIP, lo cierto es que hoy no tenemos muchos reclamos en ese sentido”.

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El defensor al contribuyente que pide Castello tendrá, entre otras funciones, investigar, denunciar y publicitar los ejercicios irregulares o abusivos de la Agencia de Recaudación provincial como así también iniciar acciones o recursos administrativos o judiciales.

“Para satisfacer la voracidad fiscal necesaria para cerrar los números sin renunciar al despilfarro en el gasto público, se suelen incumplir principios y garantías elementales, tanto del procedimiento administrativo como del derecho tributario en particular”, cerró Castello.

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