La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) junto a comerciantes de Mar del Plata presentaron en la Justicia una demanda contra el intendente Guillermo Montenegro por el decreto municipal que limita la venta y uso de pirotecnia sonora.
“La Justicia ya le ha dado la razón al sector declarando inconstitucionales y suspendiendo normas análogas en distintos puntos del país, incluso en las cercanas Pinamar, Partido de la Costa y Miramar”, indicó Caefa por medio de un comunicado.
Desde el sector salieron a manifestar su rechazo por la fecha en que se dicta, debido a que los mayoristas de la ciudad y los comercios minoristas ya tienen adquirida la mercadería para vender en los próximos días.
Cabe recordar, que la ciudad balnearia ya tenía una norma que había excluido desde 2013 la venta de los principales artículos de impacto sonoro. “Ahora, sin ningún tipo de trabajo y estudio se sancionó a las apuradas un decreto que compromete la actividad y al empleo”, manifestó el titular de la Cámara Mario Ruschin.
En la misiva, se destaca que hace seis años se sancionó una norma que implicó el trabajo mancomunado de los dos directores de los hospitales públicos de la ciudad, el secretario de Salud municipal, el delegado del RENAR y el jefe del Cuerpo de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
“Desde entonces no se registraron lesionados por el uso de la pirotecnia y la ciudad no cuenta con un solo antecedente negativo en la realización de shows de fuegos artificiales”, señalaron desde Caefa.
En este sentido, la entidad señaló que el máximo organismo de justicia de la provincia de Buenos Aires ya se expidió sobre las competencias municipales para sancionar ordenanzas que restrinjan el uso o venta de pirotecnia en septiembre de 2018.
“El Estado Municipal ejerce con esta medida un ejercicio abusivo e inconstitucional del poder de policía municipal, sin contar competencias para ello, y lo hace de forma apresurada generando daños y perjuicios a Caefa y los comerciantes locales que ejercen una actividad comercial lícita”, concluye el escrito.
