El senador del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona, propuso que el Estado estatice la firma Vicentín y se quede con un porcentaje de las acciones, dado que es el principal acreedor de la gigantesca deuda que tiene mediante el Banco Nación (BNA) y el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro).
“Hay que intervenir con la Inspección General de Justicia (IGJ) la sociedad e iniciar el proceso de cramdown para que el Estado se quede con el paquete mayoritario de las acciones de Vicentín”, propuso Durañona en diálogo con Radio 10.
El cramdown es un sistema de propuesta de acuerdo preventivo por un tercero, quien en caso de obtener la conformidad de los acreedores, adquiere la empresa concursada. Implica la sustitución del empresario en quiebra, que es sustituido por otro en mejor situación para salvar la firma.
En esa línea, Durañona justificó que la decisión se debe dar producto del tamaño de la deuda que el grupo empresario tiene. Los dos principales acreedores son el BNA, que prestó casi 18.000 millones de pesos, y el Bapro, que otogó 13.000 millones de pesos, según el propio senador.
“Está previsto en la Ley de Concursos y Quiebras: a cualquier especialista en derecho comercial y concursal que se le pregunte ratificará la existencia de este protocolo porque no se habla de expropiación, sino de continuidad de la empresa”, dijo Durañona.
Esa decisión, fundamentó el ex intendente de San Antonio de Areco, debe darse para sostener 15.000 fuentes de trabajo y una empresa que tiene “una posición estratégica” en producción de alimentos y exportación de granos y oleaginosas.
No obstante, Durañona aclaró que la estatización de los pasivos no debe interpretarse como una “expropiación sin argumentos”, propio de “un gobierno de izquierda furiosa”. “Es para garantizar que los acreedores puedan capitalizar sus deudas y garantizar la continuidad la empresa estratégica”, explicó.
Vicentín se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2019 por “estrés financiero” y está ubicado en la categoría 4, lo que implica que tiene una alta probabilidad de no cumplir con sus compromisos financieros y una alta chance de que se realice la convocatoria de acreedores.
