Este martes, la jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” del Correo Argentino y el desplazamiento total de sus directivos hasta que concluya el procedimiento de salvataje de la empresa, también conocido como cramdown.
En este sentido, la magistrada hizo lugar a sendos reclamos elevados en primera instancia por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de pago a los acreedores.
En su dictamen, la representante del Ministerio Público había pedido el desplazamiento total del órgano de administración y la designación de un nuevo interventor judicial al considerar que durante años “se perpetraron actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”.
Por su parte, en un escrito presentado a mediados de febrero ante la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, Zannini destacó que era imperioso que el Estado cobre lo que le deben y en ese sentido, se acopló al pedido de intervención solicitado por Boquín.
Correo Argentino era la empresa de Franco Macri, que quebró en diciembre de 2003 y dejó sus servicios en manos del Estado. En febrero de 2017, con Mauricio Macri a cargo del Ejecutivo, se aceptó una propuesta de pago de la deuda de la empresa que era de su padre con la AFIP.
El Grupo Socma, emporio de la familia Macri, proponía pagar los 300 millones de pesos en 15 años con una tasa del 7% anual, lo que según el entonces gobierno permitía que se pague el capital total adeudado más otros 300 millones en concepto de intereses.
Sin embargo, fue la propia Boquín la que emitió un dictamen que cuestionaba ese acuerdo, entendiendo que la deuda actualizada superaba los 4 mil millones y que si se tomaba en cuenta que el plazo final de pago sería en 2033, Mauricio Macri le estaría condonando una deuda de 70 mil millones de pesos a su familia.
Para la fiscal y para Zannini, ahora al frente de la Procuración, la presencia de directivos vinculados a Socma seguía perjudicando los intereses del Estado y por eso reclamaron una intervención total.
"En esta nueva etapa procesal podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores", consideró Boquín en su pedido.
Cirulli acató al reclamo del Ministerio Público y en su fallo señaló que “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA resulta esquivo e imprevisible” y “arroja un manto de duda” sobre el “esperable comportamiento sincero”.
