El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó un decreto que reglamenta la Ley N° 14.893, que establece la licencia para mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la Administración Pública o en sociedades de economía mixta en las que la Provincia tenga mayor participación.
La norma, que había sido promulgada en 2017 y tenía pendiente su reglamentación, le otorga a la mujer trabajadora 35 días por año calendario, continuos o alternados, y la posibilidad de solicitar una prórroga. En esta línea, ninguna empleada podrá ser despedida y/o sancionada por haber solicitado dicha licencia.
Además, en los casos donde el agresor denunciado sea un trabajador de la misma dependencia pública, se impulsarán las medidas de precaución correspondientes a garantizar las condiciones para que la trabajadora pueda seguir desempeñando su labor en forma segura.
Asimismo, si la mujer afectada solicitara un cambio en el lugar de trabajo, el Estado debe impulsarlo a los fines de proteger su integridad física y emocional y de priorizar su continuidad en el ámbito de la Administración Pública, sin que ello implique una afectación salarial o de funciones.
De acuerdo con el documento en que el que se exponen los alcances de la Ley, la licencia contempla ausencias y la flexibilidad horaria necesaria para atender situaciones de las trabajadoras víctimas de violencia de género, al mismo tiempo que exige la obligatoriedad, confidencialidad e indemnidad.
Para presentar la medida, este jueves la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz; y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, encabezaron un acto ante autoridades de los gremios provinciales en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.
En ese contexto, Díaz sostuvo que “había una gran deuda con las trabajadoras del Estado respecto a la reglamentación de esta licencia” y valoró que “hoy tenemos un gobierno que plantea que las luchas por derechos deben ser políticas de gestión pública”.
De igual manera, la funcionaria aseguró que la normativa “pone en el centro la protección del trabajo y de la trabajadora y da un paso decisivo que es la constitución de equipos interdisciplinarios en todas las dependencias, que van a capacitarse en perspectiva de género”.
Por su parte, Ruiz Malec explicó que “se trata de una herramienta que es amplia, pretende ser comprensiva, contenedora y reparadora no solo en los términos de poder ausentarse del trabajo sino también en un acompañamiento por parte del Estado”.
