martes, marzo 19, 2024

Exclusivo: las Fuerzas Armadas ya tienen el plan para actuar en la provincia en ayuda humanitaria y ante un estallido social

Este portal tuvo acceso a un documento que revela la misión de contención sanitaria y de apoyo a la comunidad que se analiza para el territorio bonaerense. Los detalles.

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Diputados Bonaerenses accedió a un documento reservado revelador: el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada, Juan Paleo, ya emitió las directivas que regirán para el apoyo al “Plan Operativo de Preparación y Respuesta al Covid-19”.

En la comunicación oficial a la que tuvo acceso este medio se detalla la misión,  la ejecución, las tareas a desarrollar, las misiones particulares de cada una de las áreas de las Fuerzas Armadas, las instrucciones de coordinación y se explica cómo será la logística.

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Incluso, el documento especifica las recomendaciones generales de profilaxis, higiene y de contención para los efectivos, y hasta los equipos de protección personal descartable que van a utilizar para protegerse de eventuales contagios de la pandemia del coronavirus.

En uno de los anexos también detalla cómo será la conformación de los Comandos Conjuntos de Zona de Emergencia y las responsabilidades jurisdiccionales. En este sentido, ya están designados los tres Comandos que se repartirán los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

De este modo, el Comando de la Brigada Blindada I quedará a cargo de 54 municipios de la Primera, Segunda y Cuarta sección electoral, el Comando Conjunto de la Zona de Emergencia Metropolitana será responsable de la zona del AMBA (Capital Federal más Conurbano) y Comando Conjunto de la Zona de Emergencia Buenos Aires Sur abarcará las comunas del sur bonaerense y de la Costa Atlántica.

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De acuerdo a la misión consignada, “el Instrumento Militar de la Nación dispondrá, a orden, de elementos organizados, equipados e instruidos para realizar tareas de apoyo a la comunidad y ayuda humanitaria a fin de contribuir a los esfuerzos de contención y mitigación del Covid-19”.

En esa dirección, la operación “consistirá en la organización, adiestramiento, alistamiento y despliegue, a orden, de personal y medios adecuados” para llevar adelante dichas tareas. Además, se pide que los Estados Mayores Generales (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) eleven “los medios necesarios (Hospitales militares, Residencia de Transito, Hospital Reubicable y Hospital Quirúrgico) para el funcionamiento de las instalaciones de sanidad previstas en el apoyo a la fase de contención de la enfermedad”.

Las directivas a las que tuvo acceso este portal se emitieron luego de la Resolución 88/2020 publicada en el Boletín Oficial Nacional y firmada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo y contención sanitaria para combatir la pandemia.

En ese texto, se aclara que el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, “será empleado en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la república Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes” y que según la ley de Defensa se puede utilizar para “evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier otro desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes”.

Esto no es sólo la fabricación de alcohol en gel o barbijos, simples elementos de prevención, sino la planificación de puntos de distribución de esos kits en todo el territorio nacional, amén de sitios donde testear a posibles afectados en caso de que las instalaciones hospitalarias del sistema de salud se vean desbordadas y, el punto más crítico, dónde aislar a quienes presenten síntomas positivos, también el despliegue de unidades móviles de atención y asistencia médica.

 

Preocupación ante un eventual estallido social

 

Un tema que preocupa a la dirigencia política y en particular al Gobierno Nacional, aunque se mantenga en reserva y no haya sido puesto en relieve por otros medios de comunicación, es la respuesta de la población ante el endurecimiento de las medidas de prevención, que esta tarde posiblemente se traduzcan el aislamiento obligatorio a partir del fin de semana.

Sucede que, será clave seguir minuto a minuto la evolución del humor social ante una cuarentena general. Ante esta situación, tal como informó este portal, las autoridades nacionales ya se anticiparon lanzando un shock de 17 medidas para amortiguar el impacto económico que genera el avance de la pandemia y en particular el despliegue de medidas de aislamiento más drásticas.

Sin embargo, en particular inquieta de sobremanera cuál puede ser la respuesta de los sectores más informales y postergados de la economía y la situación en los barrios más vulnerables. De la noche a la mañana serán millones los cuentapropistas los que se quedarán sin ningún ingreso.

Ellos tienen baja o nula cobertura social, quedaron totalmente afuera de cualquier medida del Estado, no tienen licencia habilitada con goce de sueldo ni ingresos recurrentes, y viven casi en el día a día para poder pagar su alquiler, expensas, facturas de servicio o la cuenta del supermercado. Además, la capacidad de ahorro es mínima y en los últimos tiempos nula, porque la caída del ingreso real los afecto más que a nadie.

Para bajarlo a tierra, se trata de feriantes, manicuras, paseadores de perro, repartidores, profesores de gimnasia, peluqueros, empleadas domésticas, masajistas, por mencionar algunos rubros, y los que desempeñan oficiaos especializados para el hogar como plomeros, electricistas, gasistas o carpinteros.

Un informe de la consultora IDESA aportó detalles sobre la composición de las familias en la Argentina y allí surge información muy relevante: el 22% de los hogares del país tiene como jefe a un asalariado no registrado (empleo informal), de los cuales el 43% son pobres y, además, un 23% tiene como jefe a un cuentapropista y el 35% de ellos son pobres.

“Aislar a la población en prevención de una minoría es un remedio que tiene costos sociales mucho más elevados que el beneficio de evitar la enfermedad”, advierte el informe y agrega, con altos grados de polémica: “La falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de actividad, les hará más daño a la salud que el coronavirus”.

De acuerdo a datos oficiales del INDEC, pertenecientes al tercer trimestre de 2019 difundidos por el INDEC, existen 5.259.000 cuentapropistas (265.000 más que en el tercer trimestre de 2018). De estos datos comparados con los de la Seguridad Social, se desprende que más de la mitad de los cuentapropistas y autónomos no están registrados, lo que eleva a más de 7,5 millones los puestos laborales informales o no registrados.

Se trata de una verdadera bomba de relojería a desactivar y a tener en cuenta para que no se desate un estallido social a partir de las medidas de aislamientos que resolverá el Gobierno. En este aspecto, es clave la ayuda que puedan prestar las Fuerzas Armadas, la única institución con la logística y recursos técnicos y humanos capaz de dar respuesta y contención a los sectores más vulnerables.

En este contexto, este tema está en el radar del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, quien reconoció que se encuentran trabajando en “un esquema de emergencia”. “Son personas que hacen changas, como gasistas, plomeros, textiles, taxistas, mozos, que no tienen ningún plan social y son cuentapropistas”, explicó el funcionario de Alberto Fernández.

Así, Arroyo admitió que “esos sectores son los más perjudicados” y que “estamos armando un esquema de emergencia, a medida que evoluciones la situación”. Justamente este viernes el ministro también reconoció que “la cuarentena en el modelo argentino es diferente al europeo que tiene casi todo el sector asalariado”.

“Vamos a apuntar a mantener el ingreso y que todos coman, vamos a hacer un monitoreo diario, hay una gran red de contención social como iglesias, movimientos sociales, a la que vamos a tener que recurrir”, precisó Arroyo. La otra pata será la de las Fuerzas Armadas para reducir las posibilidades de que la cuarentena general termine en un estallido social.

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