viernes, marzo 29, 2024

ONGs piden una Bicameral para revisar el accionar de las eléctricas en la era Vidal

Una veintena de asociaciones de consumidores elevaron una nota a la titular de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara alta bonaerense, Gabriela Demaría.

Una veintena de asociaciones de consumidores elevaron una nota a la titular de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara alta bonaerense, Gabriela Demaría, para solicitar la creación de una Bicameral que revise el accionar de las eléctricas bajo el Gobierno de María Eugenia Vidal.

Veríamos con gran satisfacción la conformación de una Comisión bicameral que investigue íntegramente el proceso denominado ‘Revisión Tarifaria Integral 2017-2022’, con amplias facultades para denunciar las irregularidades que pueda detectar”, sostiene la misiva girada a la senadora.

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En concreto, las ONG’S piden que los legisladores sometan a discusión el lapidario informe que publicó la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos sobre la Revisión Tarifaria Integral 2017-2022 que la gestión Vidal firmó con las distribuidoras eléctricas provinciales.

“A nuestro entender, existió por parte del estado provincial (una clara intencionalidad de beneficiar al sector empresarial, en perjuicio de los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires”, reza la misiva girada al Senado bonaerense.

El pedido llega en medio del proceso de negociación entre el Gobierno y el grupo DESA -que concentra a las distribuidoras Edelap, Edea, Eden, Edes y Edesa- que comenzó en agosto pasado con la firma del acuerdo que extendió el congelamiento de tarifas hasta fin de año para mitigar el impacto de la pandemia.

 

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Las inversiones prometidas contra las ejectutadas de 2017 a 2019. 

 

Queremos que la Legislatura en base a ese informe (que hizo la nueva gestión) haga una investigación para determinar si se sigue un camino judicial, saber si hubo delitos, porque puede haber acciones contenciones administrativas y penales”, dijo Juan Diego González Morales del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA) a Diputados Bonaerenses.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, las asociaciones de consumidores se reunieron este jueves por la mañana con la relatora de la Comisión a cargo de Demaría, para presentar formalmente la nota y empezar a delinear acciones.

El documento de la Subsecretaría de Energía advierte que el Gobierno de Vidal avaló aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, que oscilaron en las facturas de los usuarios entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años y que “no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”.

 

El crecimiento del ingreso e las eléctricas. 

 

Además el informe que las ONG’S pide que investigue la Legislatura, precisa que los indicadores SAIDI y SAIFI, que miden la frecuencia de ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas, y el tiempo de duración, no indican una mejora en la calidad de servicio entre 2015 y 2019, excepto en EDES.

Eso no es todo. El trabajo de la Gobernación sostiene que el fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las Distribuidoras Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo detalla lo que fueron los tarifazos del 2.000 a 3.500% y los amplios dividendos que las empresas que giraron al exterior, por eso queremos que ese informe se dé a conocer y que entiendan qué es lo que pasó”, añadió González Morales a este medio.

 

La distribución de los dividendos de las eléctricas. 

 

La Subsecretaría de Energía advirtió sobre el extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, que llevó a las cuatro distribuidoras de energía eléctrica aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%. “La distribución de dividendos que realizaron EDEN, EDEA, EDES y EDELAP a sus accionistas, fue creciendo de manera significativa año a año”, remarca.

Presuponemos que hubo omisiones que permitiron los tarifazo y era deber de los anteriores funcionarios que eso no suceda. Nos interesa remarcar que el Gobierno de Cambiemos los servicios públicos eran una mercancía y no un derecho humano como lo entendemos nosotros”, amplió el titular del CESPMA.

En esa línea, González Morales señaló que en este contexto de negociación con las eléctricas “es indispensable saber qué pasó para saber que va a pasar en un futuro”. “En diferentes puntos de Europa se estatizaron muchas empresas de energía eléctrica, es un tema a discutir. En Latinoamérica la distribución eléctrica sólo es privada en Chile y Argentina. Queremos discutir las tarifas”, cerró.

La misiva está firmada además del CESPMA por Consumidores Responsables; Defensa de Usuarios y Consumidores (DE.U.CO); la Red Nacional de Multisectoriales; la Asociación Civil para la Promoción y Difusión de los derechos e Inclusión Energética; y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).

También adhieren la Unión de usuarios y consumidores filial La Plata; Defensas consumidores de Saavedra (DECOSA); Consumidores y usuarios del interior (COYUSIN); Asociación civil Buena Gente (KUMEN CHE); Defensa de Consumidores; y usuarios y Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores  (ADDUC).

La lista de firmantes la completan la Federación Mutual para la defensa Organizada del Consumo (FE MUDECO); Centro de orientación al consumidor (CEODECO); Protección medio ambiente y consumidores (PROMACOM); Consumidores Argentinos; y la Federación de Instituciones de La Plata.

 

La nota girada a la Legislatura

 

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