jueves, marzo 28, 2024

Piden jury a tres fiscales de Lomas de Zamora por perseguir a funcionarios judiciales

Desde la Asociación Judicial Bonaerense denunciaron que fueron funcionales al gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

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La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un pedido de jury contra el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera y otros dos fiscales por "persecución a funcionarios judiciales". 

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En la solicitud, presentada ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, se reclama que la medida se aplique también al titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional, Pablo Rossi, y al titular de la UFIJ N° 1, Sebastián Bisquert.  

Según consta en la denuncia realizada por la AJB, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial lomense para presionar a magistrados y lograr resultados de interés para la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

Entre los hechos expuestos se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política. 

“Excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”, graficaron.

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De esta manera, por medio de un comunicado la Asociación Judicial sostuvo que "esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert”.

“Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el Juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado”, concluyeron en el escrito.

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