La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un pedido de jury contra el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera y otros dos fiscales por "persecución a funcionarios judiciales".
En la solicitud, presentada ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, se reclama que la medida se aplique también al titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional, Pablo Rossi, y al titular de la UFIJ N° 1, Sebastián Bisquert.
Según consta en la denuncia realizada por la AJB, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial lomense para presionar a magistrados y lograr resultados de interés para la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
Entre los hechos expuestos se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política.
“Excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”, graficaron.
De esta manera, por medio de un comunicado la Asociación Judicial sostuvo que "esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert”.
“Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el Juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado”, concluyeron en el escrito.