Ayer, horas antes de la marcha de la CGT y la CTA contra los formadores de precios, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, recurrió la discusión de las reelecciones indefinidas como lo hizo durante su gestión con los intendentes bonaerenses, pero esta vez le toco al sindicalismo.
La diputada PRO ingresó al Congreso un proyecto de Ley de Transparencia Sindical, que pone límites a las reelecciones indefinidas de las cúpulas gremiales y les exige la presentación de las declaraciones juradas cada año a todos los integrantes de la comisión directiva.
Vidal, que aún se encuentra envuelta en los dichos (y acciones) su ministro de Trabajo en su paso por la Gobernación, Marcelo Villegas, quien afirmó en 2017 ante empresario, (según se desprende los de los audios conocidos el año pasado) “si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, ahora busca modificar el corazón de la ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales.
La ley N° 23.551 establece actualmente que la dirección y la administración de los sindicatos “serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de cinco miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados”, con mandatos no podrán exceder de cuatro años, “teniendo derecho a ser reelegidos por un periodo consecutivo”.
En cambio, el texto de Transparencia Sindical presentado en el Congreso por Vidal establece los mandatos de los gremialistas “no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegidos por una única vez”.
Además, con la experiencia de la ley bonaerense para limitar las reelecciones indefinidas en las intendencias, que después de su implementación presentó ciertos grises que aún están en discusión, en este texto Vidal estableció de antemano que “el mandato en curso al momento de la sanción de esta ley, es considerado como el primero”.
Por otro lado, después de ingresar el expediente, Vidal comentó que “tenemos que avanzar en un proceso de modernización de la ley de asociaciones sindicales, todos aquellos que manejan los destinos y administran recursos de las organizaciones deben presentar sus declaraciones juradas, debemos transparentar esta situación”.
Asimismo, el proyecto de ley de Transparencia Sindical de Vidal resuelve que los sindicalistas deberán presentar “una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de su cargo, y actualizarla”.
La declaración jurada a la que hace referencia el proyecto de ley de Vidal detalla que los sindicalistas deberán explicar todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero.
Los diputados que acompañaron a la exgobernadora bonaerense con su firma en el proyecto para limitar las reelecciones sindicales son Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy, Marcelo Orrego, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Paula Oliveto, Gabriela Besana, Martín Tetaz, Soher El Sukaría, María de las Mercedes Joury y María Luján Rey.
Según explicaron, la iniciativa de Transparencia Sindical se basa en los resultados de una encuesta llevada a cabo en 2017 por la consultora Giacobbe y Asociados, la que arrojó que el sindicalismo argentino tenía un 81,6% de imagen negativa.
El informe de Giacobbe y Asociados destaca que “corruptos” fue la palabra con la que la mayoría de los encuestados asociaron a los dirigentes gremiales, se detalla en los fundamentos de la Ley de Transparencia Sindical.
“En marzo de 2021, la consultora Innovación, Política y Desarrollo (IPD) demostraba que la situación se ha mantenido, con un 79,6% de encuestados que declararon no tener nada de confianza en los sindicatos argentinos”, argumenta Vidal luego de presentar el polémico proyecto que vuelve a tensar su relación con el gremialismo.
encuestas de muchas consultoras indican que la población considera que el poder judicial argentino es quien tiene la más baja confianza, no he visto nunca que los y las legisladores de juntos x el Cambio hayan presentado un proyecto de ley para que los jueces sean elegidos (como sucede en muchas partes del mundo) por el voto popular, que no sean cargos de por vida, que paguen impuestos como el resto de los habitantes del país, incluyendo a los ministros de la corte suprema.