El Ministerio de Seguridad de la Nación que comanda Patricia Bullrich lanzó un programa que faculta a policías, gendarmes y prefectos a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes.
En rigor, la iniciativa legaliza la presunción de sospecha por portación de cara, color de piel, vestimenta gorra, postura al pararse, modo de mirar, amague de corrida, música que escuche o forma de hablar.
Es decir que las fuerzas de seguridad podrán ampararse en la Resolución 845/2019 firmada por Bullrich para requerirle el DNI a las personas cuyas características físicas “pueda considerarse sospechosa”.
Los datos serán consultados en una base de datos, y en caso de comprobarse que tiene antecedentes penales “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta” que lo dejará a disposición de esa autoridad.
Sin embargo, los trenes no serán el único lugar donde los agentes pedirán los DNI, sino que también habrá control “en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia”. Esto es hall de estaciones, boleterías y sectores de descanso.
Los fundamentos legales de la medida son un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos con el mismo objetivo.
No es la primera vez que Bullrich focaliza sus políticas en los trenes. A principios de año, cuando lanzó el uso de las cuestionadas pistolas Táser, afirmó que uno de los lugares de utilización de esas armas serían las estaciones ferroviarias.
