La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió a reclamar una instancia de participación en el Congreso de la Nación para debatir la incorporación en el Presupuesto 2023 de un artículo que obliga a los jueces, fiscales y defensores oficiales y funcionarios judiciales a pagar el impuesto a las Ganancias.
Los magistrados no descartaron presentar recursos de amparo para judicializar el Presupuesto 2023 y tratar de impedir su aplicación en la medida en que crean que vulnera sus derechos adquiridos y la intangibilidad de sus sueldos.
“Es imperioso expresar nuestra más profunda preocupación ante lo que aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional contenido en el art. 110 de la Constitución Nacional, relativo a la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, en cuanto mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado que, sin instituir privilegio alguno, les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la compensación que reciben por sus tareas (Fallos: 329:385, Considerando 8° voto mayoría)”, detallaron por medio de un comunicado.
El intento del oficialismo de obligar a los jueces a pagar Ganancias generó fuerte rechazo en la esfera judicial. Ayer, distintas agrupaciones del sector, así como el sindicato de empleados judiciales, salieron a replicar la iniciativa que fue aprobada en comisión en la Cámara de Diputados. Se declararon en estado de alerta y convocaron, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, a una reunión extraordinaria para tratar el tema.
En este sentido, los jueces aseguraron: “Nos vemos obligados una vez más a reafirmar nuestros principios democráticos y republicanos, que involucran a una real división de poderes y a la independencia de los órganos de la justicia que se ven peligrosamente avasallados con este proyecto de reforma, que solo trasluce incomprensión de las funciones y responsabilidades que nos caben a los magistrados y funcionarios de la justicia de la Nación”.
Además, las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios -y que esta semana se enfrentaron en las elecciones para el Consejo de la Magistratura– también salieron a rechazar sin diferencias el proyecto. Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, quien anunció medidas de fuerza.
Vale recordar, que minutos antes de que la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación emitiera el dictamen del proyecto de gastos y recursos 2023 se incluyó un artículo que obliga a los jueces a pagar el Impuesto a las Ganancias.
La propuesta llegó en un momento de suma tensión entre el Gobierno nacional y la Justicia, dado que el Poder Ejecutivo acusa la Corte Suprema de ser responsable de una “persecución” judicial contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Ganancias: el comunicado completo de los jueces
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, viene alertando a toda la comunidad, que ciertos sectores de la política, con la presentación de proyectos legislativos que modifican arbitrariamente las condiciones de servicio, pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio.
En efecto, además de la reivindicación que el salario no es ganancia, corresponde denunciar que recientemente en el proyecto de ley de presupuesto, un legislador propone demagógicamente que a todos los magistrados, funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales y del Ministerio Público, tanto nacionales como provinciales, se les grave la totalidad de sus haberes con el impuesto a las ganancias, extremo que curiosamente no se impone para el resto de los contribuyentes, ya que hasta los miembros del órgano legislativo, tienen un aporte tributario inferior, porque excluyen varios parámetros de sus salarios.
Ello demuestra acabadamente que lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
Consecuentemente, cabe recordar que la vinculación laboral en el ámbito judicial, tiene un régimen diferenciado al resto de la función pública, ya que los primeros, entre otras limitaciones, se encuentran inhabilitados para ejercer la profesión u otra actividad lucrativa, además, ya se encuentran en situación de inferioridad porque se le exige un aporte jubilatorio del 18% y sin tope salarial y algunos funcionarios pagan ganancias porque fueron nombrados recientemente.
La CSJN ha siempre sostenido, que la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias.
En ese orden, al legislador se le encuentra vedado realidad un tratamiento diferenciado con criterios arbitrarios de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni que importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas.
Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho.
La AFFUN exhorta a una prudencia especial a los representantes en el orden parlamentario, de modo tal que eviten cualquier resolución, que pueda interpretarse como una presión intolerable a la función judicial.
