El Gobierno promulgó través del decreto N° 522/22 publicado en el Boletín Oficial la ley de incentivo a la construcción federal Argentina y acceso a la vivienda, que extiende por un año el régimen de blanqueo para la construcción e incorpora algunas condiciones del programa que pretende convertir a los planes sociales en trabajo genuino, “Puente al Empleo”.
La ley de incentivo a la construcción federal Argentina y acceso a la viviend fue aprobada a principios del 2021 por la Cámara de Diputados y, luego, se ratificó en el Senado con 35 votos a favor y 26 en contra de la oposición. Ahora con el decreto oficial que oficializó el Gobierno el blanqueo para la construcción se extendió por un año más.
La normativa busca activar de manera específica al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes, en un momento económico complejo producto de la escalada inflacionaria, e incluye parte del programa Puente al empleo, referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.
Entre los beneficios para el sector, la ley establece que el monto blanqueado queda eximido del Impuesto a los Bienes Personales, y también al capital que se exteriorice por este régimen del pago del Impuesto a las Ganancias, al cheque, a las salidas no documentadas, a la transferencia de inmuebles e IVA. Además, quienes adhieran quedan liberados de declarar ante la AFIP la fecha de compra y el origen de las tenencias.
“Esta medida de alivio fiscal es clave para impulsar el crecimiento y la financiación de una de las industrias más pujantes del país. Cuando trabaja la construcción, trabajan las actividades a su alrededor, se crean empleos, se mueve la economía y la Argentina crece“, dijo el fin de semana el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa.
En ese marco, Massa precisó que, “los fondos alcanzados por un impuesto especial serán del 5% en una primera etapa, vencidos los primeros 90 días será del 10% y luego del 20%”, porcentajes que hoy fueron confirmados por el decreto.
En el sector de la construcción hay expectativas favorables y cálculos de que podrían llegar a declararse entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en obras de viviendas y oficinas que actualmente tienen menos del 50% de ejecución; a diferencia del blanqueo de 2021, en el que se estima que se declararon 200 millones de dólares.
Por otro lado, en el articulado del documento publicado este lunes se hace hincapié en el nexo entre el blanqueo en la construcción y el programa Puente Empleo, que pretende convertir a los planes sociales en 200 mil puestos de empleo genuino.
Según detalla el decreto, los titulares de programas sociales y de empleo “que sean contratados en el marco del régimen de incentivo a la construcción federal Argentina y acceso a la vivienda, y que cumplan con los cursos de formación que se establezcan, podrán seguir percibiendo los beneficios” de los programas por un año.
Además, se establece que los ministros de Trabajo y Desarrollo Social serán los encargados de determinar el alcance de la compatibilidad entre los programas “que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales y de organizaciones sociales”.
El fin de semana Massa explicó que la medida “habilita a quien hoy es beneficiario de un programa social acceder al mercado de trabajo: el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones (sólo paga obra social y ART y sindicato), y el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio”.
El Gobierno promulgó la ley horas antes de que Massa participe de un acto con empresarios de la construcción en el que estarán presentes el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman; el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; y el director de la AFIP, Carlos Castagneto.
