miércoles, julio 6, 2022

Quieren elevar a $10 millones las multas de intendentes contra los aumentos de precios

Se trata de un proyecto para modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. También crea la figura de “falta grave”.

Tanto el gobernador Axel Kicillof y como el presidente Alberto Fernández buscan por estas horas dotar de la ingeniería jurídica necesaria a los intendentes para que puedan sancionar e incluso clausurar a los comercios que suban los precios por arriba de los valores de referencias fijados por el Gobierno.

Tal como publicó Diputados Bonaerenses, Kicillof ya sacó una resolución al respecto y Fernández anunció la inminente publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que habilitará a los alcaldes a aplicar de manera plena la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia.

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En esa dirección, desde la Legislatura bonaerense el senador Francisco “Paco” Durañona (Frente de Todos) y el diputado Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto en espejo para modificar una serie de artículos del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

Entre otras cosas la iniciativa conjunta eleva las multas desde los $500.000 actuales hasta $10 millones y crea la figura de “falta grave” para situaciones de excepción como la actual emergencia sanitaria por el avance de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

La iniciativa plantea incorporar al cuerpo de la ley el artículo 1° bis. “Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las infracciones enmarcadas en la ley nacional de abastecimiento N° 20.680, sus normas modificatorias y complementarias, facultándose a los municipios a la inspección, juzgamiento y sanción de las mismas”, sentencia el texto propuesto.

En esa dirección, Durañona sostuvo que se trata de “poner a la Provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia".

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Sobre las multas contempladas en el artículo 73° de la ley provincial N°13.133, el proyecto prevé aumentar los límites de entre $100 y $500.000 que tienen actualmente hasta un rango que vaya desde los $10.000 a los $ 10 millones. Asimismo, contempla cambiar el artículo 77° creando la figura de “falta grave”.

“En el contexto de situaciones de emergencia, la infracción a los regímenes de protección de los consumidores y de abastecimiento, en particular lo relativo a los acuerdos de precios y la violación de precios máximos que pudieran determinarse para situaciones de excepción, se considerarán faltas graves”, argumenta el inciso i que se busca incorporar.

En este contexto, Durañona sostiene que para que el control de precios pueda realizarse de “manera eficaz es imperioso contar con la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que son los que funcionan como el ámbito más próximo a la ciudadanía, jugando un papel central en el desarrollo armónico, económico y social, de nuestro país y nuestra provincia”.

“Es necesario parar con los aumentos de precios abusivos en forma urgente. Se trata de un deber de todos, sin diferencias partidarias ni especulaciones de ningún tipo. Actualmente la ley provincial actual no es clara respecto a que la violación de los precios máximos configure una falta grave en perjuicio del consumidor”, agregó Lipovetzky.

De acuerdo a las fiscalizaciones realizadas por la AFIP y Defensa al Consumidor en las últimas dos semanas, después de que el Gobierno fijara precios máximos en productos esenciales, se registró un fuerte incumplimiento los valores por parte de muchos comercios de barrio o de proximidad.

La resolución 100 de la secretaría de Comercio había dispuesto retrotraer los precios de 2.300 productos a los valores del 6 de marzo. Sin embargo, numerosos inspectores registraron aumentos de hasta 30% en algunos productos en los comercios de cercanía.

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