Tras la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, se prepara para avanzar en la segunda etapa de gestión, que contiene una cargada agenda legislativa con proyectos de ley que buscan llevar adelante una reforma electoral y otra penal, así como también pretenden tratar la ley hojarasca, escrita por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otras.
De esta manera, el titular de la Cámara Baja Martín Menem se manejará bajo la premisa de que “todo lo que no genere gasto será bienvenido”, un mensaje contra las iniciativas de la oposición que ya tuvieron tratamiento legislativo en los que busca aprobar un aumento para las jubilaciones, la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el aumento del presupuesto universitario.
En ese marco, la agenda legislativa del oficialismo tiene programado retomar el debate parlamentario después del receso invernal el 15 de septiembre para el ingreso del proyecto de ley de Presupuesto 2025, que por su nivel de importancia y complejidad supone una parálisis en el resto de las discusiones parlamentarias.
Asimismo, el Gobierno tiene anotado en su agenda legislativa, la presentación de los proyectos de Sturzenegger, como la ley hojarasca que tiene como motivo la derogación de un centenar de leyes y normativas que considera como obsoletas, y que presentan una piedra en el camino de la desregulación económica.
Por otra parte, está el paquete de leyes de Seguridad, en el que se encuentra el proyecto Antimafias que, según indicaron desde la cartera que dirige Patricia Bullrich, tiene como objetivo que “aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.
La agenda legislativa del Gobierno, que inauguró su gestión con el protocolo antipiquetes de Bullrich, busca sustituir los artículos 34, 237 y 238 del Código Penal mediante la ley resguardo del orden público con el motivo de penalizar la protesta social, al mismo tiempo que insistirá en aprobar la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años.
En esa línea, el oficialismo también busca imponer una reforma penal mediante la modificación de los códigos establecidos a través de la Ley N° 23.984, en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas, así como también pretenden trabajar nuevos protocolos de prevención y detección del abuso sexual infantil y adolescente.
Por otra parte, la agenda legislativa del oficialismo tiene planificado el tratamiento del paquete de leyes electorales, mediante las cuales pretende eliminar las elecciones Primaras Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), bajar la edad de votación no obligatoria de 16 a 13 años, modificar la ley de Financiamiento de Campañas y la utilización de la Boleta Única.
De esta forma, el oficialismo busca sostener la iniciativa en el Congreso nacional con el viento a favor que le otorgó la aprobación de la Ley Bases. Por este motivo, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, entrará en una etapa de devolución de gentilezas a la oposición dialoguista, que colaboró para que Milei consiguiera su primer poroto legislativo.
