La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió un nuevo revez judicial, luego de que el juez en lo Contencioso y Administrativo, Walter Lara Correa, determinase que la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA) debe entregar “de inmediato” los alimentos retenidos, en los galpones de Villa Martelli y Tafi Viejo, Tucumán.
En efecto, el magistrado concedió una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ordenando a la cartera que preside Pettovello, “garantizar el derecho a la alimentación en comedores populares a nivel nacional”.
En ese marco, el dirigente referente de la UTEP, Juan Grabois, celebró el fallo de la Justicia a través de sus redes sociales, y remarcó que él mismo asegura la provisión de alimentos a los comedores populares mediante las asociaciones correspondientes.
“La medida judicial es crucial para cumplir con las partidas presupuestarias asignadas y ejecutar los fondos del Programa de Naciones Unidas, en un contexto de creciente precariedad en pobreza, alimentación y empleo”, señaló el dirigente social.
Cabe destacar que, por el escándalo de los alimentos retenidos, Pettovello perdió 40 funcionarios de su cartera, y acumula ocho denuncias en la Justicia, siendo la última la más resonante, la del juez federal, Sebastián Casanello, a quien el entorno de la Ministra tildó de “juez militante”.
“No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública”, exclamó la mano derecha de Pettovello, Leila Giani, y detalló que “no había alimentos vencidos” en los galpones del Ministerio de Capital Humano, de Villa Martelli y Tafí Viejo.
Es que, a principios de junio, el juez federal ordenó a Pettovello que entregue a la Justicia un plan de distribución de las casi 6 toneladas de alimentos retenidos en los galpones de Capital Humano. Sin embargo, la funcionaria apeló la medida alegando que el magistrado “violaba la división de poderes”. Algo que la Justicia, meses más tarde, desestimó.
En detalle, Capital Humano presentó una apelación a la medida cautelar del juez federal, Sebastián Casanello, por considerar que es una “cuestión política no judiciable” debido a que, “de inmiscuirse el Poder Judicial, se vería alterado el equilibrio y la independencia de poderes, consagrados en nuestra Constitución Nacional”.
