Con una candidatura a diputado nacional lanzada, Cristian Ritondo se aproxima al final de su mandato como ministro de Seguridad bonaerense sin haber aplicado una ley que él mismo reclamó y prometió en reiteradas oportunidades.
Se trata de la norma 14.897, sancionada por la Legislatura en 2016 y reglamentada por María Eugenia Vidal en abril de 2018, que obliga a las empresas de colectivos a instalar cámaras de seguridad en todas sus unidades.
Pese a que los ataques a choferes arrecian, en la última semana un trabajador de la línea 169 fue baleado en Tres de Febrero y otro de la 521 fue brutalmente golpeado en Lanús, Ritondo sigue sin poner en marcha la ley.
Por el primero de esos hechos el diputado de San Martín Lauro Grande presentó un proyecto expresando la “profunda preocupación ante la ineficacia de Vidal a garantizar la seguridad” de los micreros. Pero nada ocurrió.
Desde la protección de sus numerosos custodios personales y su auto blindado, el ministro bonaerense que nunca viaja en colectivo parece sólo estar abocado a garantizar su salto al Congreso de la Nación.
La ocupación de Ritondo toma sentido por la interna que atraviesa con Mauricio Macri, reflejada en el asesinato del comisario de Avellaneda, los espionajes expuestos en el caso Marcelo D’Alessio y el escándalo de las bases de la AFI.
Volviendo al incumplimiento, a mediados de 2017, producto de la presión que generó el asesinato de un chofer de la línea 514 de Claypolé, Ritondo expresó su primera promesa pública sobre la aplicación de la ley.
Pero pasó un año y no hubo ningún avance. En abril de 2018 el crimen del colectivero de la línea 620, Leandro Miguel Alcaraz, volvió a poner en el centro de la escena al ministro.
En esa oportunidad Ritondo además prometió botones atipánico. “A partir de los próximos 90 días los colectivos que trabajen de noche tendrán todos cámaras y en 180 días el total de los nueve mil colectivos”, sostuvo.
En esa conferencia de prensa reconoció públicamente el verdadero meollo de la cuestión. “El problema de esta implementación es el financiamiento”, dijo Ritondo ante las cámaras de televisión.
Es decir que el ministro de Vidal se ha mostrado cuanto menos incompetente o débil ante la resistencia de las empresas de colectivos a invertir fondos en cuidar la vida de los miles de trabajadores.
Una semana después Vidal reglamentó la ley, pero tampoco se implementó. Más adelante, en noviembre de 2018, Ritondo publicó la resolución que detalla las especificaciones técnicas que deberán cumplir las empresas de colectivos.
Ya en 2019, en febrero el ataque a un chofer “Los Constituyentes” de San Martín reavivó el tema y motivó la presentación por parte del bloque kirchnerista en Diputados de un pedido de informes sobre la ley.
El texto firmado por más de una decena de legisladores, pide a los ministerios de Seguridad e Infraestructura, comandado por Roberto Gigante, que expliquen los motivos a “que se debe el incumplimiento de la norma”.
Además, la iniciativa exige que se informen “en caso de existir” sobre las intimaciones “fehacientes a las empresas obligadas por la presente legislación, para la readecuación de sus unidades”.
Sin embargo, pese a todos los llamados de atención, los proyectos presentados en la Legislatura, las muertes y ataques a choferes que se siguen sucediendo, el ministro de Vidal todavía no implementa la ley.
Se trata sólo de una de las promesas concretas que el ahora precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires efectuó y nunca cumplió en su paso por la Cartera de Seguridad.
COMPLICIDAD LEGISLATIVA
El autor de la ley fue el diputado y presidente de la Comisión de Trasporte de la Cámara de Diputados, Martín Domínguez Yelpo. El legislador de la quinta sección electoral fue quien articulo las reuniones con Roberto Fernández de la UTA.
En este sentido, la tarea no le fue ajena al legislador dado que es referente de ese gremio en Necochea e hijo de Daniel Domínguez, segundo en la estructura de mando de la organización sindical.
Pese a sus estrechos vínculos sindicales y a presidir la Comisión de Trasporte de la Cámara baja, el silencio del diputado Domínguez Yelpo es absoluto y también por demás llamativo.
