Otra vez la inseguridad golpea a los choferes de colectivos de la provincia y pese a las reiteradas promesas del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, una ley que podría ser clave para frenar el delito en los micros está frenada.
En concreto, los colectiveros de las líneas 78, 87, 111 y 127 anunciaron un paro luego de que un chofer fuera baleado en un asalto en una de las unidades de la empresa “Los Constituyentes SAT”.
El micrero Matías Pereyra recibió un balazo de parte de dos jóvenes que le robaron el celular, pese a que no opuso resistencia. “Con qué necesidad lo hicieron, si él le dio todo sin ningún problema“, cuestionó uno de los delegados.
El hecho de inseguirdad se produjo a la altura del complejo residencial de barrio Canguro, ubicado en la localidad de San Andrés en el partido bonaerense de San Martín.
En este sentido, los ataques a colectiveros son moneda corriente, mientras cuentan con la inacción del Ministro de Seguridad. Es sin duda, una de las grandes promesas que Ritondo no cumplió en su paso por la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Se trata de la ley provincial que obliga a las empresas a instalar cámaras de seguridad en todas las unidades. Esa norma fue sancionada en 2016, y el titular de la cartera de seguridad anunció en varias oportunidades que estaría aplicada (en 2017 y 2018).
Recién en noviembre del año pasado Seguridad publicó la resolución en el Boletín Oficial que detalla las especificaciones técnicas que deberían cumplir las firmas de trasporte. Sin embargo, la mayoría de los micros sigue sin tener la herramienta de seguridad.
En el texto se detallaba que “cada unidad deberá contar con al menos cuatro cámaras” y los equipos se visualizarían las puertas de ascenso y descenso, el interior y la vista delantera que tiene el chofer.
Según consta, esas imágenes deberían ser controladas en tiempo real por un centro de monitoreo -sobre el cual no se brindan precisiones. Además, las unidades tendrán que incorporar un módulo de GPS y un botón antipánico.
A más de dos años de sancionada la ley provincial todavía sigue sin cumplirse. Mientras tanto en medio de los vericuetos administrativos y promesas incumplidas los ataques a colectiveros se siguen sucediendo.
