El juez de Paz de San Pedro, José Ignacio Macchia, dictó una medida cautelar de restricción contra el obispo de San Nicolás, Hugo Norberto Santiago, y contra el párroco de la Iglesia de San Roque, Sebastián Zagari, para que “cesen con los actos de perturbación” y “violencia psicológica” contra una denunciante de abuso eclesiástico.
La medida establecida por el juez Macchia es en virtud de los actos de “violencia psicológica/emocional” sobre una de las denunciantes de Tulio Matiussi, el sacerdote acusado por cinco casos de abuso infantil en 2017.
En efecto, el fallo ordena a que “los señores Santiago, Hugo Norberto y Sebastián Zagari cesen con los actos de perturbación y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psicológica/emocional contra la C.N.V. -madre de una de las niñas que asistía al jardín-, bajo apercibimiento de decretar medidas de restricción, coactivas o sanciones a su respecto”.
Asimismo, la resolución prohíbe a los acusados “el envío de mensajes de texto o llamadas telefónicas al celular de la víctima (vía SMS, WhatsApp, Messenger, etc.), a los correos electrónicos o a través de redes sociales que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos de violencia psicológica”.
“Conforme las circunstancias denunciadas corresponde encuadrar como violencia psicológica contra C.N.V, en vía pública el actuar denunciado y atribuido a Santiago, Hugo Norberto y Sebastián Zagari”, sostiene Macchia en los fundamentos de la medida.
Si bien el Obispado de San Nicolás mantiene suspendido en el ejercicio sacerdotal a Mattiusi, las familias de los niños que denunciaron abusos aseguran que el obispo de San Nicolás, Hugo Santiago,viene realizando desde hace cuatro años acciones de encubrimiento, de presión judicial y ataque a las víctimas para favorecer a Matiussi.
En el caso del cura Sebastián Zagari, según fuentes del caso fue el párroco quien había realizado primero una denuncia por hostigamiento contra C.N.V, a la que ella respondió con una contradenuncia que fue finalmente admitida.
El caso contra el sacerdote Tulio Matiussi
A principios de junio de 2020, el fiscal que investigó los supuestos abusos sexuales cometidos por el sacerdote Tulio Matiussi y otras dos personas a niños que asistían al Jardín Belén de la localidad bonaerense de San Pedro hizo el requerimiento de juicio oral.
La requisitoria del titular de la UFIJ 8 de Baradero, Hernán Granda, es por el delito de “abuso sexual simple agravado por la calidad de sus autores” presuntamente cometido por Matiussi y otras dos personas acusadas de haber agredido sexualmente a cinco niños de entre tres y cuatro años –cuatro nenas y un nene- en el Jardín Belén.
En dicho establecimiento, el sacerdote Matiussi se desempeñaba como representante legal y está imputado junto con el portero del jardín Anselmo Ojeda y con la preceptora María Luján Rubíes.
En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Granda plantea que está acreditado con el nivel de certeza requerido que “durante el curso lectivo 2017”, los imputados sometieron a los niños a “tocamientos” de sus zonas genitales en horario de clases, delito que los imputados cometían con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
En su escrito, Granda señaló que los hechos ocurrieron “en la sala y en la zona de baños y en las partes comunes como ser cocina, patio y SUM, y en la iglesia San Roque contigua al jardín, donde el señor Mattiussi oficiaba como sacerdote”.