Tras las demoras registradas en el pago de las prestaciones médico asistenciales a las personas con discapacidad, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, presentó en las últimas horas un pedido de informes.
“Hoy presenté un pedido de informes porque el gobierno tiene trastocadas sus prioridades y no podemos ni debemos mirar para otro lado”, expresó el legislador opositor en su cuenta personal de la red social Twitter.
El documento no sólo lleva la firma de Santilli, también la signatura de varios diputados nacionales de Juntos por el Cambio, que acompañaron el pedido de informes del legislador.
Entre ellos se encuentran los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Maximiliano Ferraro, Mario Raúl Negri, Graciela Ocaña, Rogelio Frigerio, Paula Oliveto, Silvia Lospennato, Álvaro González, Ricardo López Murphy, Alejandro Finocchiaro, Victoria Morales Gorleri, Camila Crescimbeni y Florencia Klipauka.
El pedido de informes que presentó Santilli le pide textualmente al Poder Ejecutivo Nacional que comunique “el monto total de facturas adeudadas correspondiente al primero y segundo trimestre del corriente año” de las prestaciones para personas con discapacidad.
“En atención a que la Superintendencia de Servicios de la Salud ha publicado el pasado 5 de septiembre un canal exclusivo ante los numerosos reclamos por facturas adeudadas con anterioridad al mes de junio, solicitamos se informe qué monto de facturas se han presentado el mes de julio y agosto del corriente y su cronograma de pago”, pide el texto del diputado opositor.
Además, el documento que en las últimas horas presentó el legislador nacional de Juntos por el Cambio le solicita al Gobierno que exprese cómo garantizará las prestaciones médico asistenciales a las personas con discapacidad en medio de “la falta y retraso de los pagos antes mencionados”.
Es importante recordar que, en las últimas semanas, prestadores de servicios para personas con discapacidad de todo el país realizaron varias movilizaciones por las demoras en los pagos que deberían haber recibido de las obras sociales.
“Hay atrasos de entre 90 y 120 días, también demoras en las autorizaciones de los tratamientos, falta de cobertura en las prestaciones y reducción por parte de las obras sociales de las sesiones indicadas a los pacientes”, denunciaron los prestadores de servicios a discapacitados.
Los manifestantes aseguran que el retraso es parte de un “ajuste” en el área, aunque desde la Agencia Nacional de Discapacidad reconocieron que el atraso en los pagos se dio por “inconvenientes administrativos” y afirmaron que ya comenzó a regularizarse la situación.
Por su parte, el Gobierno nacional negó en varias oportunidades a lo largo de las últimas semanas que se haya realizado un ajuste en el sector de discapacidad en todo el país.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, dijo en los últimos días que “no hay ningún tipo de ajuste en ninguna de las áreas, lo que hay es una readecuación de partidas”.
Asimismo, la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, también señaló que “no hay ajuste” en discapacidad, sino que se trata solamente de una “reducción del déficit”.
“Nada de lo que se tenía que llevar adelante en Salud o Educación se va a dejar de llevar adelante”, sentenció esta mañana la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, al hablar en su habitual conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada.
