miércoles, abril 24, 2024

Se reanudan las indagatorias en la causa de espionaje ilegal tras la citación de Arribas y Majdalani

Este lunes habían sido llamados a declarar los jefes de los espías, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y la número dos del organismo, Silvia Majdalani.

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El juez federal Juan Pablo Auge concluirá las declaraciones indagatorias de los detenidos en la causa por espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios y debe resolver si acepta un pedido para citar como acusados a los ex responsables de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En ese sentido, se trata de dos investigaciones diferentes y que le fueron derivadas a Auge, luego de que su par Federico Villena, el juez federal de Lomas de Zamora haya sido apartado al frente de la investigación porque él mismo autorizó algunos de los movimientos ilícitos de espionaje.

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De esa manera, el magistrado programó para este martes las indagatorias de Guillermo Matta, Jonathan Nievas y Dominique Lasaigues, tres excarcelados en la investigación, mientras que para el miércoles está prevista la de Javier Bustos, según el cronograma difundido en fuentes judiciales.

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En tanto, Auge debe resolver si cita a declaración indagatoria a Arribas y Majdalani en otra investigación que ya estaba en su juzgado por espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en base a un pedido de la fiscal Cecilia Incardona.

La fiscalía sostuvo en su dictámen que las maniobras sobre el instituto Patria y la persona de la actual Vicepresidenta en 2018, habrían sido ejecutadas en base a órdenes que habría impartido la señora “8” durante la administración de Mauricio Macri.

Según la acusación, estas directivas habrían sido instrumentadas por un ex agente de la AFI ya detenido en el caso, Alan Ruiz, a quien la fiscalía pidió procesar sin prisión preventiva, algo que también deberá decidir el juez, explicaron fuentes judiciales.

 

En esa misma línea, Incardona señaló que Majdalani “tenía un conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de vigilancias y observaciones” y los informes de las tareas encomendadas "eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y, posteriormente, éste se los elevaba a la nombrada".

La fiscal recordó en el dictamen que, en agosto de 2018, Arribas y Majdalani enviaron una nota a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso nacional donde sostuvieron "falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas" por orden judicial.

El espionaje al Instituto Patria y a la actual Vicepresidenta no estaba "de ningún modo" ordenado por la Justicia en la causa a la que se aludió "en el momento que se llevaron a cabo", concluyó el dictamen fiscal.

Como confirmó Diputados Bonaerenses en las últimas horas, la hipótesis de ambos expedientes es que se violó la ley de inteligencia ya que se hicieron tareas de seguimiento por razones políticas, o ideológicas, de pertenencia partidaria o a determinadas organizaciones, y en ciertos casos por razones económicas.

 

 

Por otro lado, además del pedido de indagatoria para Arribas y Majdalani, la fiscalía solicitó la de Martín Coste, último jefe de Contrainteligencia del organismo, y el procesamiento de Alan Ruiz, el ex jefe de operaciones de la central de espías, el primero en quedar detenido precisamente en este expediente.

El espionaje ilegal por parte de la AFI tuvo lugar en 2018, durante la administración del ex presidente Macri, cuando los integrantes del Instituto Patria advirtieron la presencia de dos autos de vigilaban de manera constante el edificio. Según se constató, eran automóviles de la agencia estatal de inteligencia.

En consecuencia, hubo una denuncia a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien finalmente aceptó las explicaciones de las autoridades de la AFI: que había existido una alerta terrorista, que se le avisó al juzgado en el contexto de una causa sobre posibles fallas de seguridad en la Cumbre del G-20 y los juegos olímpicos de la juventud.

No obstante, lo insólito del argumento esgrimido por las autoridades del organismo de inteligencia, es que se alegaba una alerta de posible ataque contra una expresidenta y se la empieza a vigilar sin avisarle, algo que se supone que se debía hacer si la estaban ciudadano.

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