Atrapado en un laberinto de discusiones técnicas, batallas judiciales, y peleas políticas de peso, las próximas horas serán decisivas para el futuro del Consejo de la Magistratura, el organismo de integración mixta encargado de controlar, remover y designar a los jueces.
Este sábado se venció el plazo de 120 días que la Corte Suprema de Justicia de la Nación impuso al Congreso nacional para dictar una nueva ley que recomponga el “equilibrio” en el Consejo de la Magistratura. El Máximo Tribunal en diciembre pasado anuló la reforma que había impulsado Cristina Kirchner en 2006.
Ahora, la atención está centrada en la decisión que tomará la Corte Suprema respecto de si su titular, Horacio Rosatti, asumirá o no la presidencia del Consejo de la Magistratura, pese a no estar designados los consejeros políticos, en si convoca o no a jurar a los que fueron elegidos hasta el momento, o si, por el contrario, estira los tiempos para llegar a una resolución parlamentaria.
En este contexto, algunas fuentes alimentan la posibilidad de que Rosatti se quede con la presidencia del organismo, mientras que en el Frente de Todos consideran que se trataría de un “golpe institucional”. El presidente del Consejo, el camarista penal Alberto Lugones, el miércoles pasado, en la última reunión del cuerpo advirtió que “ni formal ni informalmente se le comunicó a la presidencia que la Corte va a asumir el lunes, pero si asumiera sería una especie de intervención“.
“La aplicación de la 24.937 (ley que reguló el Consejo de la Magistratura hasta la reforma legislativa de 2006 de Cristina Kirchner) fija que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que asumir, pero con todos los integrantes acá adentro”, refirió Lugones, en la puerta de lo que podría ser el comienzo de un nuevo conflicto institucional.
Hasta el momento, en paralelo a la discusión legislativa, se eligieron dos nuevos consejeros por los abogados, uno por los jueces y este lunes se definirá de los académicos. Es decir, a los 13 integrantes actuales, se le podrían sumar los cuatro mencionados, más Rosatti. En ese esquema, sólo faltan definir los dos representantes del Poder Legislativo, movimiento que por ahora se encuentra empantanado por discusiones con la oposición.
Por su parte, las autoridades parlamentarias de Juntos por el Cambio salieron a presionar con la elevación a sus pares del Senado y de la Cámara de Diputados de los nombres para ocupar los dos nuevos lugares que le corresponderán al Congreso en la ampliada composición del Consejo de la Magistratura.
El bloque radical propuso a Roxana Reyes en representación de la segunda minoría y la bancada del PRO de la Cámara alta envió una nota para impulsar el nombre del cordobés Luis Juez.
Sin embargo, en las últimas horas un Juzgado Federal de Paraná hizo lugar una medida precautelar interpuesta por el diputado nacional del FdT, Marcelo Casaretto, para frenar la designación de los dos representantes. “Las Cámaras no podrán designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura, y se les otorga cinco días hábiles para efectuar los descargos. El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley sobre el tema”, explicó Casaretto.
Así, Juntos por el Cambio presiona para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena volver al reparto de 2006, cuando el Consejo de la Magistratura era integrado por 20 miembros, mientras que el Frente de Todos busca avanzar por la vía legislativa con la sanción una nueva ley. El proyecto que impulsa el oficialismo obtuvo media sanción en Senadores y aún no se comenzó a discutir en la Cámara de Diputados, donde los números le son esquivos.
Incluso, para reflejar el malestar del oficialismo este sábado el diputado Leopoldo Moreau llegó amenazar con un juicio político contra Rossatti. “No nos olvidemos que ingresó a la Corte por la claraboya, por un decreto del macrismo; después, se votó a sí mismo como presidente y, como si fuera poco, firmó una sentencia para su propio provecho cuando declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura de 2006. Esto lo hace pasible de un pedido de juicio político. Lo merecería, absolutamente”, lanzó.
Por lo pronto, esta semana será clave para anticipar cómo seguirá la polémica por la integración del Consejo de la Magistratura y las cámaras estarán apuntando a la estrategia que adopte la Corte Suprema, ante el vencimiento del plazo. También habrá que seguir las novedades legislativas.
El problema de fondo es que en tanto no se resuelva la disputa política, el Consejo de la Magistratura no podrá avanzar en la designación de ternas de jueces, sanciones disciplinarias o iniciar juicios políticos a magistrados, aunque sí podrá tomar algunas decisiones administrativas puntuales.
Consejo de la Magistratura: el contrapunto político
La precautelar del Juzgado Federal de Paraná dividió aguas en el Congreso nacional. “Estoy defendiendo las facultades del Congreso de sancionar las leyes. Yo estoy dispuesto a sesionar jueves y viernes porque de ninguna manera podemos resignar esas facultades. De ninguna manera la Corte Suprema puede legislar por sobre las facultades del Congreso“, aseguró el diputado santafesino.
En esa dirección también opinó el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que consideró que “la pre cautelar genera una ventana de oportunidad para encausar institucionalmente el tema“. Las autoridades del Senado y Diputados se tienen que abstener de designar nuevos integrantes del Consejo. Son funcionarios públicos. Deben cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná. ¿O quieren que desobedezcan una orden judicial?”, se preguntó Martínez en referencia al accionar de JxC.
La respuesta llegó por parte de Mario Negri, presidente del bloque radical y ex titular del interbloque JxC. “Germán, estás pidiendo que Massa y Cristina Kirchner desobedezcan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No te parece demasiado? Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano (menos el juez de Paraná)”, cuestionó.
En el contrapunto, Martínez agregó: “Mario. Sabes que no estoy de acuerdo con que la Corte asuma facultades legislativas. Un Juez Federal hizo lugar a un planteo de un diputado para agotar la vía legislativa. ¿Quieren designar integrantes con una ley derogada en vez de agotar las instancias para una nueva ley?“.
Para avanzar en esa pretendida resolución legislativa, el titular de la bancada oficialista aspira a poder iniciar la semana próxima el debate del proyecto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, aunque las mismas aun no fueron constituidas.
Al obstáculo formal de la constitución de esos grupos de trabajo se suma la cuestión política: el Frente de Todos no cuenta con los votos propios necesarios para poder aprobar el proyecto y no tiene certeza de llegar a alcanzar la mayoría ni siquiera con el respaldo de posibles aliados.
Mientras tanto, las posturas son tan claras como contrapuestas: en el oficialismo pretenden avanzar con el tratamiento del proyecto de ley en un “período ventana”
y en Juntos por el Cambio dan por hecho que el tiempo del parlamento para sancionarla se agotó, tal como lo dispuso la Corte Suprema en su sentencia de diciembre cuando estableció que el plazo expiraba el viernes 15 de abril.
