En el contexto de una jornada maratónica en la Cámara de Senadores de la provincia para poder llegar a los acuerdos necesarios para sancionar endeudamiento que solicitó el gobernador Axel Kicillof, la discusión por la ley de Juntos por el Cambio para auxiliar a los colegios privados calentó el último tramo de la sesión y motivó un extenso ida y vuelta entre los bloques.
Desde la bancada que conduce Roberto Costa impusieron su mayoría (controla 26 de los 46 senadores) para poner en consideración el proyecto, pero desde el oficialismo el camporista Gervasio Bozzano argumentó que necesitaba ser aprobado por dos tercios de los legisladores.
En ese sentido, las bancadas se encerraron en un laberinto que tenía como eje discutir la interpretación de un conjunto de artículos del reglamento interno de la Cámara alta e incluso hubo amenazas de recurrir a la Corte Suprema bonaerense para que defina.
“Les pedimos que hagamos la votación nominal como solicitan, que se plantee y quede pendiente de aprobación a partir de la consulta pertinente. No quiero hacer lo que le corresponde a la Suprema Corte, pero con esto se sienta precedente y es un error lo que plantean, yo en lugar de ustedes lo pensaría. Es una barbaridad”, dijo Costa.
Acto seguido, Bozzano respondió que no se trataba de un artilugio, como señalaba la bancada opositora ya que “nos basamos en nuestra Constitución y la aplicamos bien”.
Para esto, ya iban más de 4 horas de sesión y las idas y vueltas continuaban sin llegar arribar a un acuerdo. Finalmente, Costa mocionó la suspensión de tratamiento de la ley y dar por cerrada la sesión, propuesta que fue apoyada por el pleno del recinto. El tema quedó pendiente y promete nuevas batallas.
En tanto, el debate previo tuvo intercambios entre los senadores impulsores y coautores de la iniciativa que pretende la asistencia extraordinaria de la Provincia a los establecimientos educativos privados, el senador platense Juan Pablo Allan y el marplatense Lucas Fiorini.
“Estas escuelas pasan por un momento sumamente delicado, escuchamos a todas las instituciones que reúnen a los establecimientos de este tipo, también a los asesores del Ministerio de Educación. El gran problema que tienen es la altísima morosidad y la escasa ayuda estatal que recibieron de la Nación y la Provincia. En las zonas vulnerables es donde hay mayor morosidad, es más grave en los jardines de infantes”, señaló Allan.
Las instituciones privadas registraron índices de falta de pago de las cuotas de hasta el 70% en el marco de la pandemia, lo que hizo que entren en una grave situación financiera. Algunas recibieron ayudas económicas del Estado pero no todas pudieron acceder a ellas.
“Buscamos garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos, por eso queremos ayudar al sostenimiento del servicio educativo. Hablamos de unas 6.000 instituciones, el 35% de los alumnos de nuestra provincia asisten allí. Los gastos que tienen no se cubren con las subvenciones que reciben”, rescató Fiorini.
Luego, la representante de los gremios docentes, la senadora María Reigada, señaló que varios de los establecimientos accedieron a los ATP, lo que permitió a las instituciones contar con cierta ayuda de parte del Estado. En ese orden, marcó que los que tiene mayores inconvenientes puede acceder a los beneficios lanzados para las pymes.
“Hay voluntad del gobierno de atender los problemas de la educación privada y pública. La mayoría de los establecimientos tiene subvención, algunos del 100%, otros del 80%, esto no se establece en el proyecto, ellos hablan de mora, por lo tanto tendríamos que ver cómo se ayuda a las familias y eso no se plantea”, remarcó la legisladora.
