Senadores provinciales de Juntos por el Cambio salieron a exigirle a la presidenta de la Cámara alta, Verónica Magario, que ponga en marcha la comisión bicameral de seguimiento del defensor del Pueblo bonaerense para evaluar el accionar de su titular, el peronista Guido Lorenzino.
Los legisladores opositores argumentan su pedido por la posición que tomó Lorenzino en la disputa por la suspensión de clases presenciales en la provincia al intimar al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, a cerrar los espacios de primera infancia municipal.
Para la bancada de Juntos por el Cambio Lorenzino directamente perdió la “autonomía e independencia funcional” que exige la ley provincial 13.834, que crea la figura del Defensor del Pueblo bonaerense, y por ese motivo exigen que se sopese avanzar en un “cese de sus funciones”.
Los senadores se amparan en los artículos 4,6, y 12 de la norma que plantean que “el Defensor del Pueblo ceserá en sus funciones” por “notoria negligencia en sus deberes” o por haber incurrido “en una de las situaciones de incompatibilidad”, entre las que se encuentra la “actividad partidaria”.
En rigor, la filiación política de Lorenzino es harta conocida, del mismo modo que es de público conocimiento que las oficinas de calle 50 entre 8 y 9 funcionan como un espacio de contención para militantes políticos de las más disímiles tribus del peronismo.
“Observamos con preocupación que el Defensor del Pueblo manifieste en cada una de sus publicaciones y/o en sus requerimientos indebidos e improcedentes un notable compromiso con una gran cantidad de funcionarios y funcionarias de la cartera provincial”, cuestionaron.
Los legisladores acompañaron la misiva dirigida a Magario con capturas de pantalla de varios posteos de Lorenzino en Twitter en donde adelanta un pedido de informes al municipio de Tres de Febrero etiquetando a gran parte del Gabinete de Axel Kicillof.
“Es como si su accionar formara parte de las acciones de gobierno o incluso como si el organismo que él conduce fuera una dependencia más del poder Ejecutivo provincial”, consideraron los senadores opositores sobre la simbiosis del Defensor del Pueblo bonaerense con el poder de turno.
Esta semana fue el propio Diego Valenzuela el que respondió al planteo del Jefe de Gabinete Carlos Bianco, que llamó por teléfono al intendente “para exigirle el cierre de todos los espacios de primera infancia”, y a Lorenzino que, rápido de reflejos, salió a bancar al Gobierno provincial. El alcalde habló de “presiones”.
“Ante las presiones recibidas de Bianco y Lorenzino para cerrar los espacios de primera infancia, les cuento que son dispositivos sociales municipales no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares en cumplimiento de la ley 13.298”, sostuvo Valenzuela.
“No sabía que el Defensor del Pueblo respondía a las directivas del gobierno provincial. Su intervención es un acto de imparcialidad en el ejercicio de su tarea. Si la Provincia pretende obligarnos a cerrar, vamos a hacer una presentación judicial para seguir funcionando”, añadió.
También la senadora Daniela Reich cuestionó a Lorenzino en la sesión del martes pasado del Senado. “La tarea de Defensor del Pueblo debe ejercerse con autonomía e independencia funcional del Ejecutivo. Pedimos se convoque la Comisión Bicameral correspondiente para atender la denuncia y el cese en el cargo”, apuntó.
En marzo, el propio Lorenzino inauguró una delegación de la Defensoría en Tres de Febrero rodeado de concejales, legisladores y funcionarios.
La misiva fue firmada por los senadores y senadoras Nidia Moirano, Elisa Carca, Felicitas Beccar Varela, Roberto Costa, Juan Pablo Allan, Francisco Bagnato, Gabino Tapia, Juan Fiorini, Agustin Maspoli, Daniela Reich, Carolina Tironi, Florencia Barcia, Aldana Ahumada y Lucrecia Egger.
