Luego de que la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense diera a conocer la acuciante situación económica que transita un taller protegido de la localidad de Rauch a través de un proyecto de la diputada de izquierda, Laura Cano, la presidenta de la Asociación Civil de la institución que emplea a 38 personas con distintas discapacidades, Celeste Calandria, advirtió que están “al borde del cierre por los gastos en servicios y los costos de las materias primas”.
“Nosotros proyectamos los gastos de año a año y hacemos un promedio de los servicios y la materia prima para trabajar. Para este 2024, nos dimos cuenta que teníamos que juntar $50 millones solo en sueldo y cargas sociales. Por mes, sumándole los servicios y toda la materia prima, necesitamos un promedio de $4 millones y en algunos casos de $6 millones”, se lamentó la presidenta de la Asociación Civil del Taller Protegido, Celeste Calandria, en diálogo con Diputados Bonaerenses.
El taller productivo de Rauch nació en 1995 como una ONG, frente a la problemática que tenían los padres de la localidad que no sabían cómo insertar a sus hijos discapacitados al mercado laboral. Actualmente, en el lugar trabajan 38 operarios con 5 colaboradores que acompañan y organizan el día a día. Allí se fabrican bolsas de polietileno, rejillas, escobillones y trapos de pisos que son vendidos primeramente en la cooperativa y luego en los supermercados y pequeños comercios.
“Desde el año pasado hasta ahora los operarios ingresaban a las 8 de la mañana, desayunaban, trabajaban, frenaban para almorzar, volvían a sus puestos y a las 15 se retiraban. La institución se hace cargo del almuerzo. Producto de que vimos que no íbamos a poder juntar esa plata, se decidió reducir el horario de los operarios de 8 a 13. Eso para el trabajo diario impacta muchísimo porque ellos se acostumbraron a una rutina y ahora tienen otra”, expuso Calandria.
Es preciso mencionar que, el taller protegido mantiene un convenio con el Gobierno bonaerense por cada operario que trabaja en las instalaciones. No obstante, los ingresos no alcanzan ni para pagar la mitad de los gastos mensuales. “En junio tenemos $3 millones en servicios y cargas sociales, más $40 mil de impuestos, $1 millón de materia prima y a eso se le suma la comida que compramos para alimentar a los operarios”, enumeró la titular de la Asociación Civil.
Además de este subsidio y la venta de productos que realizan los trabajadores, el taller protegido de Rauch también organiza eventos para recaudar fondos, como peñas familiares, encuentros cerveceros y gastronómicos, asados y cenas anuales. “En una ciudad de 20 mil habitantes siempre la que termina colaborando es la comunidad, pero llega un momento en que lo económico atraviesa a todos y en vez de tres trapos compro uno, o en vez de diez bolsas me llevo cinco”, señaló Calandria.
Frente a la dura situación que atraviesa el taller protegido de Rauch debido a los tarifazos de luz y gas de los últimos tiempos, Calandria resaltó que los supervisores del Ministerio de Trabajo que acuden periódicamente al establecimiento le han manifestado que la institución creció mucho, y que incluso han podido mantener una cocina comedor para que los operarios puedan comer con comodidad. “Este es un lugar con contención donde no tengan que reclamar condiciones dignas de trabajo todo el tiempo”, sintetizó.
“Es sumamente importante que se empiece a poner como política pública la importancia de los talleres protegidos. La discapacidad es algo tabú o se romantiza, nunca se habla de las necesidades verdaderas que deben sortear para tener una vivienda y un trabajo digno. Los padres también sufren, están todo el tiempo presentando certificados, peleando por medicamentos, yendo al doctor. Nosotros les estamos dando respuestas a 38 familias que tienen a sus hijos trabajando, con lo que significa trabajar y con lo que dignifica. Esto rompe con el romantizar la discapacidad, porque acá los operarios vienen a trabajar”, cerró Calandria.
