Después de tres jornadas de debate y 226 oradores, finalizó la audiencia pública para analizar una tarifa para los servicios de transporte y distribución de gas natural, donde las empresas presentaron sus propuestas con alzas de hasta un 17% promedio en las facturas de los usuarios residenciales, de acuerdo a los niveles de consumo.
De acuerdo a las previsiones, en un plazo aproximado de 30 días se conocerán las conclusiones y las primeras medidas que no tienen carácter vinculante y, finalmente, se sabrá cuál va a ser el incremento dispuesto que se verá impactado en las facturas de los clientes.
En este sentido, la discusión tuvo dos tramos, ya que el lunes se llevó a cabo la audiencia pública organizada por la Secretaría de Energía en la que se analizó el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, que involucra a las empresas productoras en el marco del plan Gas.Ar recientemente lanzado por el Gobierno.
En tanto, la segunda etapa, organizada por el Enargas, se desarrolló de forma virtual, en tres jornadas, donde las empresas transportistas y de distribución dieron a conocer sus posturas en el marco del Régimen Tarifario de Transición dispuesto por el Decreto 1020, que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.
Tras el cierre de las exposiciones, el Enargas elaborará un informe de todo lo escuchado para lo cual tiene un plazo de diez días y, posteriormente, conformará su propuesta de tarifa de transición en el que deberá determinar el incremento tarifario que se le podrá reconocer a cada servicio, en línea con la política que lleva adelante el Gobierno nacional.
Las empresas alcanzadas por la audiencia son Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), las distribuidoras Naturgy Ban, Metrogas, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Gas del Centro, Gas Cuyana, Litoral Gas, GasNea y la subdistribuidora Redengas.
En todos los casos, las propuestas tomaron como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que fue definido como indicador durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017 y que alcanzó un incremento de hasta el 128% desde abril de 2019, período en el cual no hubo ajuste de precios.
De esta manera, las empresas cuantificaron los perjuicios operativos, fiscales y financieros que afrontaron por sostener los mismos ingresos durante dos años en un contexto inflacionario, y los que podrían enfrentar en los próximos dos años en caso de no contar con una adecuación.
Entre los oradores que tuvieron la posibilidad de exponer, estuvieron los directivos de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), del Instituto de Subdistribuidores de Gas (Isga) y de la Federación de Subdistribuidores de gas (Fsubgas).
Luego de las empresas y sus asociaciones representantes, fue el turno de las defensorías del Pueblo de la Nación, del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de las correspondientes a otras ciudades y provincias del país.
Por otra parte, quienes también pudieron participar fueron las asociaciones de defensa de los consumidores, entidades de bien público, cámaras empresarias locales y regionales, directivos de distintas uniones industriales del país, sindicatos, asociaciones profesionales, cooperativas de trabajo, clubes, pymes y usuarios particulares.
El interventor del Enargas, Federico Bernal, dijo que se resolvió "incorporar la figura de los defensores y defensoras de usuarios como agentes ad hoc en los reglamentos de las audiencias públicas" y aseguró que se profundizarán "los contactos directos entre los cargos gerenciales y los usuarios".
En esa línea, el funcionario afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar "tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva" para lo cual es necesario "tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar".
En la última jornada, la diputada oficialista, Fernanda Vallejos, sostuvo que las "condicionalidades que impuso el FMI en materia tarifaria durante la gestión del expresidente Mauricio Macri fue situación que afectó el bolsillo de las familias argentinas".
De esta manera, la legisladora pidió "que sean las empresas del sector energético las que ahora hagan el mayor esfuerzo, luego de haber sido protagonistas de la mayor fuga de capitales en el periodo 2015-2019", mientras que "en el último año de gobierno de Macri, el 40% de los usuarios residenciales estaba endeudado y no podían pagar sus tarifas de gas".
