Las declaraciones del presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, sobre el cierre de la sexta sesión ordinaria de la Cámara baja marcaron el rumbo legislativo que pretende llevar adelante La Cámpora para la última parte del año.
Durante su intervención en el recinto, el legislador camporista retomó parte de los fundamentos de la conmemoración por el 30 aniversario de la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, celebrada en una sesión especial sobre el inicio de la doble jornada en Diputados, para citar varios artículos que reconocen derechos sociales, como el acceso a la salud y a la vivienda.
“Me tomé el atrevimiento de destacar un párrafo de esta Constitución, que refiere al artículo 36 de los derechos sociales, que habla del derecho a la salud y de los medicamentos por su condición de bien social. Este librito también nos indica que, dentro de sus atribuciones, el Estado debe garantizar la participación de profesionales competentes en el proceso de producción y comercialización de medicamentos”, parafraseó Tignanelli, un fragmento de la Constitución, en defensa del proyecto del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que fue cajoneado en los últimos meses.
Se trata de una de las iniciativas que motorizó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2023 y que no encontró tratamiento alguno por presiones de la industria farmacéutica. El texto, de creación de una empresa estatal para la producción de medicamentos, fue frenado hasta en las comisiones de Legislación General y Presupuesto, donde el oficialismo tiene el mando.
Distinto, fue el destino del otro proyecto de creación de una Empresa de Emergencias en Salud, que impulsó en paralelo el ministro Kreplak para centralizar el sistema de ambulancias e insumos médicos que se destinan a los 135 municipios de la provincia. La propuesta, fue aprobada por la Cámara de Diputados con los votos de Unión por la Patria y los libertarios dialoguistas y aguarda por su sanción definitiva en el Senado.
En este sentido, no pasó desapercibido el llamado de atención de Tignanelli para sus compañeros de bancada. “Queda claro que, al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con una empresa para la producción de medicamentos, hay que tratarlo con celeridad para que se apruebe lo que dice la Constitución desde hace 30 años, que los medicamentos deberían ser provisionados por la provincia de Buenos Aires”, apuntó.
“No es una fantasía del Gobernador, no es un tinte ideológico, ni nada por el estilo. Entonces, señor Presidente le pido que arbitre los medios para que las comisiones empiecen a trabajar para poder tratar la ley de medicamentos que envió el Poder Ejecutivo a esta cámara”, reclamó Tignanelli, en un mensaje dirigido interior del oficialismo.
Por último, el jefe de bloque del oficialismo retomó el articulo 36 de la Constitución, que habla del derecho a la vivienda, y adelantó: “Vamos a trabajar en un proyecto de ley que reglamente este derecho para que cualquier bonaerense que quiera radicarse en un pueblo de menos de 50 mil habitantes tenga garantizado el lote”.
Medicamentos: las claves del proyecto que pidió Tignanelli
Vale recordar que, el proyecto de ley de Creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que establece una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEN), tiene por objetivo investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar los productos relacionados a medicamentos.
Según explicita el proyecto, la fábrica de medicamentos produciría vacunas, insumos, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos domisanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud.
Entre los medios para lograr ese objetivo se encuentra el de celebrar todo tipo de contratos con entidades públicas o privadas, incluidos contratos de trabajo y contrataciones interadministrativas, sin la necesidad de autorización del Poder Ejecutivo.
Durante junio, el ministro Kreplak planteó en una ronda de encuentros con diputados y senadores que es necesario discutir “las inversiones a futuro” de los laboratorios farmacéuticos como parte de un esquema para regular los precios de los medicamentos.
“No puede haber un aumento de los precios descoordinado de los costos y no pueden superar la capacidad de compra de la gente”, remarcó el titular de la cartera sanitaria y amplió: “Los medicamentos para la ley argentina son un bien social; entonces el Estado tiene que regularlos”.
Las críticas opositoras a la empresa de medicamentos
A lo largo del año, los cuestionamientos opositores a la creación de una empresa estatal de medicamentos giraron en torno al gasto en que incurriría el gobierno de Axel Kicillof con la expansión de más estructura del Estado y en contraposición, expusieron la profunda crisis que atraviesa al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA).
“El gobernador propone la creación de empresas estatales cuando lo que tiene que hacer es reducir los gastos absurdos y la estructura estatal que se arma para bancar a los amigos de la militancia”, dijeron los diputados del PRO, por medio un comunicado de bloque que fue difundido a la prensa el 8 de mayo.
Por su parte, desde el radicalismo plantearon que antes de “seguir generando estructuras en la provincia hay que solucionar temas urgentes en cuanto a la calidad del IOMA”. “No veo que esto pueda salir sin muchas modificaciones”, planteó en su momento la diputada y titular de la comisión de Salud, Alejandra Lordén.
“Para nosotros, el estado de la salud pública y privada de la provincia está afectado por la crisis del IOMA, la que afecta a los prestadores privados por la demora en pagos de servicios ya prestados y los valores de los mismos con respecto a la inflación”, agregó desde la comisión de Salud de la Cámara alta bonaerense, Alejandro Celillo.
