sábado, junio 22, 2024

Toma de Guernica: la Justicia postergó hasta el 1 de octubre el desalojo de las 2.000 familias

Fue a partir de la solicitud que realizó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. En tanto, el juez se basó en los datos obtenidos del censo que se llevó a cabo el fin de semana.

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El juez penal de La Plata Martín Rizzo aceptó hoy el pedido del Gobierno bonaerense y postergó hasta el 1 de octubre la ejecución de la orden de desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica.

La presentación fue realizada el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, y según precisaron desde Provincia, el juez se basó en los resultados del censo llevado a cabo el fin de semana, en el que se relevó a 1.904 personas, de las cuales 650 indicaron que son de Guernica y el resto proviene de distritos cercanos.

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De esa manera, Almirante Brown, con 75 familias, es el segundo partido en cantidad de personas que ocupan los terrenos. “Somos unas 2.500 familias que estamos viviendo acá hace ya dos meses”, señaló a Diputados Bonaerenses Luis Macías, vecino de la localidad de Guernica, quien además aclaró que el predio “no tiene dueño”.

La decisión del magistrado se tomó esta tarde, luego del encuentro que mantuvo la Mesa de Articulación, de la cual forma parte  Macías y que sirvió como mediador entre los vecinos, el Ejecutivo bonaerense y la Justicia para resolver que el desalojo se realizará la semana próxima.

Vale aclarar, que el operativo estaba previsto para este miércoles durante la mañana y sería comandado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, el cual preveía que intervengan alrededor de 500 policías. Mientras tanto, los vecinos siguen negociando una salida “pacífica”.

Sin embargo, Macías aseguró a este portal que pese a la intención del Gobierno bonaerense de prorrogar el desalojo, no se le ofreció alguna otra alternativa y señaló que “en concreto todavía no tenemos firmado nada pero vamos a seguir dialogando para encontrar una solución”.

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“Nosotros lo único que necesitamos es el papel con el sello original para que podamos seguir acá, porque queremos seguir habitando este lugar, somos gente de la zona y no existe un mandamiento de posesión que justifique que la tierra que ocupamos tiene dueño”, detalló el vecino de Guernica.

La Mesa de Articulación para tratar la problemática de los terrenos en Guernica está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; las subsecretarías de Hábitat de la Comunidad y de Políticas Sociales, y los organismos de la Niñez y Adolescencia.

También está la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y unos cien censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y justamente ellos fueron quienes realizaron el relevamiento.

 

 

Según explicó a este medio el profesor de la Facultad de Trabajo Social de La Plata y coordinador junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad del censo, Pablo Allo, se encontraron con “una situación bastante grave respecto a las condiciones de vida en las que viven”.

“En líneas generales, la condición es bastante complicada porque no tienen ningún servicio y además, están constantemente pendientes de la amenaza de desalojo en puerta y la gran mayoría está dispuesta a comprar poco a poco tu terreno porque nadie va a ocupar un espacio para vivir si no tiene la necesidad”, graficó Allo.

El docente explicó también que el Gobierno de la provincia no solamente se acercó a saber cuántas personas viven allí, sino que también se dispuso a acompañar a los vecinos de Guernica a partir de la asistencia en violencia de género y cuidados de la salud. “Hubieron muchas cuestiones que se tomaron en cuenta a la hora de hacer las preguntas”, indicó.

 

 

Es necesario recordar, que el 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras ocupadas en julio pasado, a partir de la resolución adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo.

Según el fallo, "se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública", que deberá realizar el procedimiento "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".

La cámara estableció también que "deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19".

En los últimos meses, la toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, habían provocado incidentes entre los ocupantes y algunos propietarios de campos cercanos que se acercaron al lugar para tratar de desalojar a las familias que allí se instalaron.

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