El Consejo de la Magistratura de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que rechace los per saltum presentados por los jueces federal Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para continuar en sus cargos de magistrados a los que fueron trasladados por el gobierno de Juntos por el Cambio.
La Corte le había dado el martes al Consejo un plazo de 48 horas para que responda la demanda. Con la contestación, ahora será el turno de que dictamine el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, sobre la validez o no de los traslados.
“Ninguna intervención le cabe a este Cuerpo en cuanto al fondo de la cuestión debatida”, dijo el Consejo sobre la discusión de los traslados, al tiempo que agregó que “la cuestión se ubica dentro de la esfera de competencias privativas de otros Poderes del Estado, como lo son el Poder Ejecutivo Nacional y el Honorable Senado de la Nación”.
La discusión está centrada en la resolución 183 por la cual se aprobó revisar los traslados de 10 jueces por considerar que se hicieron de manera irregular. En tanto, el gobierno de Alberto Fernández envió los casos al Senado, para que analizara si los traslados fueron correctos o no.
Los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ya fueron rechazados porque no se presentaron a la audiencia en la Cámara Alta. Luego, el Poder Ejecutivo publicó los decretos en los que ordenó que los jueces vuelvan a sus cargos anteriores. Hecho que generó una brutal embestida mediática de manos de la oposición.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron traslados a la Cámara Federal de Comodoro Py, por donde pasan todas las causas de corrupción, y Castelli al Tribunal Oral Federal 7, donde luego quedó radicado el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa de las fotocopias de los presuntos cuadernos de la corrupción.
Los magistrados tuvieron que regresar a sus tribunales anteriores -en los tres casos tribunales orales- donde están de licencia hasta que resuelva la Corte. Cabe destacar, que la decisión del Gobierno no impacta en las causas llevadas adelante por los representantes de la Justicia.
“Debe ponerse de relieve que la intervención que le cabe a este Cuerpo en el procedimiento de traslado de magistrados se limitó a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional -como tal de carácter no vinculante-”, explicó el Consejo en su presentación ante la Corte.
En el escrito, también se detalló que esa intervención fue con las facultades que le da la Constitución Nacional como órgano encargado de la selección de magistrados. Así, señalaron que la demanda de los jueces está mal planteada porque debería ser contra el Poder Ejecutivo o el Senado que son los que tomaron la decisión de revocar los traslados.
“En resumen, no se advierte en la acción deducida y tampoco en el recurso extraordinario federal por salto de instancia interpuesto, una explicación tangible acerca del agravio concreto que ocasionaría a los amparistas la resolución plenaria n° 183/20”, sostuvo el organismo que le pidió a la Corte que rechace los per saltum.
Para el Consejo, no hay gravedad institucional, ya que en este caso los que incurrieron en el no cumplimiento de los pasos establecidos para el traslado de jueces fueron justamente los tres magistrados en cuestión.
“Dicha situación ocurriría, en el concepto de V.E., sólo cuando el Juez -sin dar razón alguna y fundado en su exclusiva opinión personal- fallara apartándose de los extremos fácticos y legales del caso y arriba a una conclusión jurídicamente inaceptable, causando por tanto un daño a alguna de las partes o a ambas. Nada más lejos ha ocurrido en este caso”, explicó el organismo.
Con esta respuesta el caso ahora pasará al procuador Casal que también tiene 48 horas para dictaminar. Cuando Casal presente su opinión, los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quedarán en condiciones de resolver.
