En las últimas horas, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su descontento sobre los anuncios del Gobierno nacional, que encabeza el presidente, Javier Milei, sobre los beneficios para importadores de productos terminados, lo que consideraron “un trato desigual”, por lo que reclamaron políticas para el sector.
En ese sentido, la cámara empresarial remarcó la “necesidad de desarrollar nuevos instrumentos de política industrial, junto con acciones para amortiguar el impacto en las pymes y en las economías regionales, ante un escenario recesivo”, a la vez que ejemplificó con “líneas de financiamiento, medidas tributarias y laborales, entre otras”.
De esta forma, la UIA criticó que “mientras los productores nacionales deben pagar en 4 cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días”.
Por ese motivo, el bloque empresarial de la industria manifestó que el anuncio del Gobierno, que llegó después del encuentro del ministro de Economía, Luis Caputo, con los representantes de las grandes líneas de supermercados, “afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”.
En ese marco, la UIA presentó el informe de su Centro de Estudios que, en el marco de la primera encuesta del año, alcanzó a más de 700 empresas y que mostró una “coyuntura de fuerte contracción” como producto de la devaluación de diciembre, mientras que pronosticaron que el ciclo se volverá a situar en caída “por séptima vez consecutiva”.
Asimismo, la cámara empresaria del sector industrial destacó que, para “lograr las metas fiscales, monetarias y cambiarias”, además de dar beneficios a los importadores para bajar los precios, el Gobierno debería sostener “el nivel de empleo y producción”.
Por otra parte, la UIA analizó señaló que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la capitalización de intereses en juicios laborales “restablece parámetros de previsibilidad y sostenibilidad para el sector formal de la economía, que se encontraban afectados por las distorsiones generadas vía la aplicación del anatocismo”.
Así, los empresarios destacaron que “el pronunciamiento unánime de la CSJN dio respuesta a uno de los ejes más críticos de la agenda laboral, cuyas implicancias dificultaron la generación de empleo y la viabilidad de las empresas”.