jueves, abril 18, 2024

Una grave denuncia penal contra intendente anticuarentena agrieta a un pueblo entero

Tanto Esteban Santoro, jefe comunal de General Magariaga, como su secretario de Salud, Amadeo Echeverría, quedaron en el ojo de la tormenta por el traslado compulsivo de adultos mayores. Las movidas políticas, las especulaciones y la autodefensa del intendente macrista.

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La comunidad de General Madariaga se vio convulsionada luego del traslado compulsivo de adultos mayores en medio de la pandemia. Eso le valió al intendente macrista, Esteban Santoro, y al secretario de Salud local, Amadeo Echeverría, una grave acusación en su contra, que derivó en una denuncia penal.

Todo se inició cuando ante el primer caso de coronavirus, desde el Municipio se resolvió que los abuelos que estaban alojados en el Hogar La Sagrada Familia fueran reubicados en el Centro de Jubilados Roque Zotta, en un traslado que luego quedaría rodeado sospechas.

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En ese trayecto, según dan cuenta las crónicas locales, desgraciadamente los abuelos fueron llevados de las narices en plena pandemia, exponiendolos a contagios. Así, demasiadas interrogantes y una denuncia penal pesan sobre las espaldas de los funcionarios madariaguenses.

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De este lamentable episodio provino una grave acusación contra el titular de la cartera sanitaria de Madariaga, Amadeo Echeverría y el intendente, Esteban Santoro. En un principio, ambos fueron denunciados por abandono de persona, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el PAMI. Luego, la causa llamativamente se alivianaría. No estuvo el desconfiado que vio detrás de los cambios la mano de Santoro.

 

 

Como respuesta instintiva, tanto el funcionario como el jefe comunal comenzaron con un proceso de victimización ante la opinión pública. Para lavarse las culpas, el propio Santoro acusó a la oposición de encabezar una maniobra para desestabilizarlo y los acusó de montar una operación política.

“Nos están cascoteando la casa y ese no es el camino. Los insto a cambiar de actitud”, dijo el intendente. Acaso, Santoro rápidamente comprendió que debía seguir ese viejo proverbio que indica que “la mejor defensa es el mejor ataque”. La jugada buscó desviar la atención y desmarcarse. Parece que el jefe comunal se hace un tiempo para la rosca política en medio de la emergencia sanitaria.  

 

 

Como respuesta a las acusaciones del cambiemita, desde el bloque de concejales del Frente de Todos emitieron un comunicado en el que sostuvieron que “de ninguna manera” iban a permitir que “se manipule con mentiras la sensibilidad de los ciudadanos en el actual contexto para ocultar los graves errores en la gestión del gobierno local”.

Contrariamente a lo que sostuvo Santoro, la presentación en su contra no fue iniciada por los conejales opositores, sino fue elevada desde PAMI, argumentando que el hogar al que fueron trasladados los ancianos, no estaba en condiciones ni estaba habilitado por la mutual de los jubilados, por lo que ponía en peligro a sus afiliados.

Desde el ejecutivo se defendieron arguyendo que tendrían un permiso del Ministerio de Salud. Pero según pudo saber Diputados Bonaerenses, por los pasillos de la mutual, se cree que el titular de la cartera sanitaria de Madariaga envió un informe con datos erróneos, que sostenían que el hogar se encuentra dentro del hospital, cuando en realidad está en el mismo predio en edificios distintos. El motivo era lograr a toda costa el visto bueno para el traslado.

 

 

Otra de las excusas que utilizó el intendente fue que había mantenido una conversación con la titular del PAMI, Luana Volnovich, pero, tal como figura en el expediente “si bien la conversación existió, de ninguna manera la Directora Ejecutiva del INSSJP afirmó tales dichos, los cuales resultan falsos”, reza la denuncia en contra de Santoro. Fue desmentido de manera categórica. 

En esa misma línea, desde la mutal nacional añadieron que el traslado de los adultos mayores “constituye un grave peligro para su salud, toda vez que tal como se expondrá, el centro de jubilados no reviste las condiciones mínimas que garanticen la debida integridad psicofísica de los residentes ni ha sido habilitado como residencia de larga estadía o geriátrico conforme a la legislación vigente”. La denuncia del PAMI es contundente.

 

 

La causa recayó en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Pero, poco después, desde la fiscalía adujeron una equivocación, por la cual llegaron a imputar los funcionarios macristas por la alternativa más grave del artículo 106 del Código Procesal Penal, que es el abandono de persona.

Luego se produjo un cambio en la carátula con una presentación más leve por lo que el intendente sólo quedó imputado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, lo que le reduce considerablemente la pena. Mientras tanto, El Fiscal Federal Juan Pablo Curi ya inició la recolección de algunas pruebas referentes al traslado de los ancianos para intentar esclarecer el tapado episodio.

 

Imágenes de la marcha que habría sido convocada por los militantes de Santoro.

 

Lo más curioso del hecho es que, a pesar de las acusaciones en su contra, desde el entorno de Santoro convocaron a una movilización a las puertas del Hospital General de Agudos Ana Rosa de Martínez Guerrero, con la intención de que los ciudadanos de Madariaga se convocaran allí para manifestarle su apoyo al secretario de Salud municipal. Un auto armado “operativo clamor”. De alguna manera el intendente identificado con el radicalismo apeló a imagen histórica del peronismo, para crear su propio 17 de octubre. Ironías de la política.

La marcha, que a pesar de que se intentó presentar como espontánea, fue fogoneada por funcionarios propios y por varios medios locales, que en el distrito de la Quinta sugieren están “atados de pies y manos” por la lógica del premio y castigo que aplicaría Santoro con la pauta publicitaria. El uso de los recursos de los vecinos para, billetera mediante, “acallar medios” sería algo habitual, aseguran fuentes que siguen de cerca la política local.

 

 

Es así que varios vecinos y militantes macristas rompieron la cuarentena y se concentraron frente al nosocomio, mientras que desde el Gobierno nacional y provincial piden extremar precauciones por el aumento de casos y la reaparición de brotes en localidades del interior bonaerense. En la Quinta se dispararon contagios en comunas como Dolores, Mar del Plata y Chascomús, por citar las más complicadas en la última semana.

Pese a eso en la concentración faltaron barbijos, no se cumplió el distanciamiento social, ni los protocolos sanitarios y participaron personas mayores, que integran los grupos de riesgo. Casi como una copia de las marchas anticuarentena que se registraron desde que comenzó el aislamiento.

De esta forma, Santoro y Echeverría habrían querido minimizar el impacto de la denuncia con una movida de extrema peligrosidad, exponiendo a adultos mayores por a estar rodeados de gente, entre ellos muchos funcionarios municipales que debían cumplir con “el jefe” y dar el presente.

 

 

Lo más paradójico es que Santoro en su momento fue noticia no por su gestión, ni por el manejo de la pandemia sino que ocupó espacios en medios provinciales por acusar al presidente Alberto Fernández de estar “enamorado de la cuarentena”. En pleno auge de contagios el intendente se dedicaba repartir culpas y alimentar la grieta que tanta ganancia le da a la política.

Esa actitud valió la discrepancia con algunos de sus pares de la región, como el del jefe comunal de Villa Gesell, el peronista Gustavo Barrera, quien lo cruzó y sostuvo que el alcalde de Madariaga buscaba “confundir”. “Acá no hay dicotomía entre la economía y la vida”, dijo en ese momento Barrera, en contraposición con las ideas del madariaguense.

 

 

Esa misma frase vertida por Santoro, poco después, se convirtió en un boomerang, dado que cuando apenas había pasado a la fase 5, especuló con retroceder sobre sus pasos ante la aparición del primer caso de coronavirus en el distrito, pero zafó. 

Ese contagio, a su vez, derivó en la decisión de trasladar a los ancianos y dejó a Santoro y a su Secretario de Salud involucrados en la causa. Sobre ese episodio deberá ser la Justicia la que deslinde responsabilidades, potestad que, como se sabe, trasciende a esta columna. Sin embargo, sobre el accionar político del intendente deberán ser los vecinos de General Madariaga quienes den su veredicto.

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