El contraste es tristísimo. El mismo edificio que para decenas de generaciones de villaelisenses significó un símbolo del trabajo, la honestidad y el progreso, desde hace varios años se convirtió en un emblema de la corrupción, la impunidad y las mafias.
En la ex Organización Fabril Argentina (OFA) se llegaron a vender carnets de conducir truchos, coordinar usurpaciones y “resolver” problemas de habilitaciones. Durante las dos administraciones de Pablo Bruera funcionó como una verdadera delegación paralela.
Con el paso del tiempo la actividad mutó hacia una “escuela de box” que mueve más de un millón de pesos por año sin contar con autorización municipal. No se paga alquiler, no se emiten recibos, y no hay ningún tipo de controles. Además se guardan camiones privados y se alquila para fiestas privadas.
Por eso, en los albores de su gestión el macrista Julio Garro inició dos causas que se tramitan en la Justicia para recuperar el predio para todos los vecinos de Villa Elisa. En ambos expedientes los magistrados dejan en claro que, lejos de ser “un centro de deportes para sacar chicos de la calle”, se trata de una “actividad privada”.
En este sentido, en los últimos días el Juzgado de Faltas N°1 de La Plata, a cargo del juez Oscar Piloni, pidió la clausura que finalmente se efectivizó la semana pasada. Sin embargo, pese a existir una medida judicial, los usurpadores siguen gerenciando los galpones de la ex OFA con total impunidad.
¿Quién es Oscar “El Pava” Carizzo, el ex puntero de los Bruera que es ñoqui del municipio y tiene nexos con el sindicalista detenido Marcelo Balcedo? ¿Qué intereses hay detrás de la ocupación? ¿Cuánto dinero mueve anualmente la supuesta “escuela de box”? ¿Cuánto vale el predio?
Estos son algunos de los interrogantes que se formuló el equipo de Diputados Bonaerenses y derivaron en una rigurosa investigación que revelará la trama oculta detrás de la usurpación de parte de los más de 20 mil metros cuadrados del histórico edificio.
¿Por qué si es que existe un interés genuino de ayudar a “los pibes” no se formaliza un contrato con el municipio? ¿Por qué este grupo de gente no conforma una ONG? ¿Por qué se desoye a la Justicia? ¿A dónde va el dinero que recaudan?
¿Acaso el resto de los vecinos no tiene el mismo derecho a hacer uso de un lugar que forma parte de la identidad colectiva de Villa Elisa? ¿Es justo, que mientras los comerciantes pagan sus impuestos, este “centro de deportes” se maneje al margen de la ley? ¿Con qué poderosa protección política cuentan?
Estas son algunas de las preguntas que probablemente se esté formulando el lector en estos momentos y que se intentarán develar a lo largo de una serie de entregas.
