El Senado bonaerense sesionará este jueves después de las 10 de la mañana -sin la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario que se aisló por ser contacto estrecho de COVID-19- para sancionar el proyecto de expropiación de terrenos en el Conurbano para la construcción de cárceles y alcaidías.
La iniciativa se discutió hasta último momento entre los bloques legislativos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, mantuvo una reunión ayer por la tarde con senadores y esta mañan lo hizo otra vez antes de la sesión. Estuvo discutido, pero finalmente hubo acuerdo y el proyecto saldrá sin cambios.
El plan del Gobierno bonaerense contempla la construcción de dos unidades penitenciarias con capacidad de mil plazas cada una y diez alcaidías para 300 reclusos en cada dependencia.Se levantarán en los municipios de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre.
Además, establece la culminación de obras para 2.050 plazas, algunas iniciadas por María Eugenia Vidal con diferentes estados de avance. Para ello, ya se habrían realizado pagos a proveedores para avanzar en el corto plazo.
En la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado el pasado 30 de octubre, donde la oposición marcó coincidencia en la necesidad de contar con nuevas unidades penitenciarias, pero pusieron resistencia respecto de los lugares donde se instalarán, por lo que incluyeron en el proyecto que las ubicaciones debe ser consensuada con los intendentes.
Según explicó el propio Ministro, la decisión de que las cárceles se concentren en el Gran Buenos Aires, en un corredor entre la avenida General Paz y Ruta 6, responde a que cerca del 70% de los detenidos son residentes del Conurbano.
Este proyecto se enmarca dentro del marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria y el Gobierno bonaerense tendrá el plazo de 10 años para avanzar con las diferentes obras. Además, según destacó el funcionario de Axel Kicillof, se puso en marcha la construcción de 15 hospitales penitenciarios.
En otro orden, de la última sesión ordinaria del 5 de noviembre, quedó pendiente de aprobación el proyecto del senador de La Cámpora, Emmanuel González Santalla, para garantizar la formación obligatoria en temáticas ambientales para quienes cumplen funciones dentro de los tres poderes del Estado.
En esa oportunidad, el jefe de la bancada amarilla, Roberto Costa, señaló que “estamos de acuerdo pero queremos un poco más de tiempo para agregar una modificación que va a hacer de este proyecto uno mucho mejor” y aseguró que en el siguiente encuentro contarían con el voto favorable de Juntos por el Cambio.
El proyecto del legislador de Avellaneda fue presentado con el apoyo del ministro nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, el jefe de bancada Facundo Tignanelli y la diputada nacional Daniela Vilar.
La iniciativa funciona de manera similar a la Ley Micaela, y apunta a que quienes desempeñen funciones que luego impactan en las políticas públicas aplicadas en el territorio bonaerense, consideren el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. La autoridad de aplicación será el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Por parte de Juntos por el Cambio, hace varias semanas se viene postergando el tratamiento de un proyecto de la senadora bahiense Nidia Moirano para que el Estado provincial garantice una reparación económica para los hijos e hijas menores de 21 años, o con discapacidad, de los trabajadores de esas áreas que fallecieron.
El proyecto está hace más de dos sesiones en el orden del día pero no es abordado y establece que el monto debe ser equivalente a una jubilación mínima de la Provincia, con la actualización correspondiente a la movilidad. A la vez que será retroactiva, es decir que aquellos que perdieron a sus seres queridos antes de la sanción de la ley, también pueden acceder al subsidio.
Dentro del articulado se establece que dicha compensación económica es compatible con cualquier otra pensión o asignación que reciban esos menores, por lo tanto si cobra la AUH, podrá mantener ambos subsidios.
En tanto, dejará de brindarse para aquellos hijos de personal de salud o de seguridad que fallezcan hasta 60 días después de declarada la finalización de la pandemia en el territorio bonaerense.
