El Senado nacional debate en sesión especial desde las 16.45, la propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que contempla la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.
El proyecto, fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que la bancada del Frente de Todos lograra unificar tres propuestas, mientras que el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su rechazo e irá al recinto con un dictamen en minoría.
Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.
Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro Alberto Weretilneck, que finalmente será tratado en la sesión de hoy.
El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.
La reforma a la actual ley 27.148 responde a que la misma establece los dos tercios de los votos de la Cámara alta para la designación del Procurador, un número que el oficialismo no cuenta.
Por esto, se propone que sea elegido por mayoría simple -es decir 37 voluntades, a las que accedería el bloque que responde al Gobierno- algo a lo que la oposición se opone y que por eso promete no acompañar su tratamiento.
El debate se dará mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.
El elegido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, es el juez federal Daniel Rafecas, quien mantiene un bajo perfil, ante la eventualidad de que cualquier declaración pueda ser malinterpretada en este delicado momento en que su postulación está en el centro de la tormenta.
“Este proyecto transforma al Procurador General en un empleado del Poder Ejecutivo. Pasa a ser el Procurador de una fracción política”, sostuvo Ernesto Martínez, senador del PRO, quien defendió un dictamen de minoría que presentó la oposición que también establece un mandato de cinco años, pero que rechaza el cambio de votación.
Por su parte, Martín Lousteau y Silvia Elias de Perez señalaron que de los 16 expositores que estuvieron en la Comisión de Justicia solo dos avaló que se reduzca a una mayoría simple la designación del Procurador.
En tanto, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, sostuvo que “lo importante no son los votos para la designación, sino aumentar el control de la comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso sobre el trabajo del Procurador”.
“No se obtienen las mayorías necesarias para ello y se genera una situación de desgaste”, dijo por su parte Oscar Parrilli, quien preside la comisión, sobre la situación de Rafecas.
Vale destacar, que otra de las modificaciones del texto implica cambios en la actual integración del Jurado de Enjuiciamiento para fiscales y mantiene la cantidad de siete miembros pero le da más peso a la política.
Actualmente, lo conforman dos fiscales, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un representante de las universidades. Ahora pasa a un fiscal, un abogado, un representante de las universidades, uno del Poder Ejecutivo y tres de la Comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso.
También establece una paridad de género en la Procuración General y en la Defensoría General, la creación de nuevas Procuradurías especiales de investigación, la autarquía financiera y que los fiscales no pueden solicitar medidas de investigación a los organismos de inteligencia.
