El Gobierno de la provincia de Jujuy, resolvió constituirse como querellante en algunas causas que investigan los episodios de violencia que se registraron durante la manifestación contra la reforma constitucional en la provincia, el pasado 20 de junio, y pedir condenas de hasta 25 años para casi 100 imputados.
Por su parte, desde el ministerio de Seguridad de Jujuy, encabezado por Guillermo Corro, informaron que desde su cartera junto a la Policía de la provincia, “se están aportando todas la pruebas necesarias para la investigación de las causas que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación” respecto a los incidentes ocurridos en la manifestación contra la reforma constitucional.
En esta línea, el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que “se van a tener que hacer cargo”, las más de 100 personas imputadas, de las cuales cinco fueron sentenciadas y tienen multas que llegan hasta los 2.500.00 de pesos.
Según las últimas declaraciones de Morales, él considera que la manifestación que aún continúan en La Quiaca, localidad de Jujuy, es promovido por los intendentes del Frente de Todos, al tiempo que sostuvo que “la gente se va alejando, quiere trabajar” y que “los que quedan son la militancia bancada por el Gobierno”.
Asimismo, el fiscal asignado por el Estado de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, aseguró que los hechos que se registraron en la manifestación contra la reforma constitucional en la provincia estuvieron “orquestados, planificados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y políticas que sólo buscaban perjudicar el orden social”.
Según detallaron desde el Gobierno de Jujuy, en la manifestación contra la reforma constitucional, se cometieron delitos de estrago doloso, agravado, sedición, tentativa de homicidio, y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros, al tiempo que los daños contra los bienes de uso público están calculados en mil millones de pesos.
En tanto que, el procurador general que intervendrá en la causa como representante del Estado, Sebastián Albesa, señaló que su deber constitucional requiere de la protección de los intereses de la provincia, al tiempo que deben garantizar el orden y sostuvo que “cortar rutas no es una modalidad de protesta, es un delito”.
Vale recordar que, Gerardo Morales, encabeza una de las listas que estarán en los cuartos oscuros de las próximas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tiene por principal precandidato al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y enfrentarán la fórmula de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ex diputado por Mendoza, Luis Petri, el 13 de agosto.
