Este jueves, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, anunciaron la presentación de un paquete de leyes que busca, entre otras cosas, avanzar contra el derecho a la protesta mediante la instrumentalización de penas para los organizadores de piquetes y bloqueos.
De esta manera, en medio del operativo desplegado en la ciudad santafesina de Rosario, el paquete de leyes de Bullrich, también incluye una modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas nacionales, que se llevará al recinto la semana que viene.
Es preciso mencionar que, días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que, entre los proyectos de Bullrich, se encuentran “legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.
Sobre la modificación de la Ley de Seguridad Interior, Petri destacó que “no es para delitos comunes, y que funcionará “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terroristas y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”.
Por otra parte, Bullrich busca aprobar una serie de modificaciones que se habían incluído en el proyecto de ley ómnibus, como la del artículo 194 del Código Penal, para ampliar las acciones tipificadas para penar de uno a tres años y seis meses de prisión a los que realicen cortes y piquetes.
En ese sentido, de aprobarse, el Código Penal establecería penas para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Asimismo, según el proyecto de Bullrich, recibirían dos a cinco años de condena a prisión “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”.
Esta pena aumentaría a seis años si los cortes o manifestaciones se llevan adelante mediante algún tipo de extorsión, tal como lo agitó el Gobierno en varias ocasiones sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo, mientras que también Bullrich pretende multar a los organizadores de las protestas.
